Editorial La Revista Peninsular
En la última semana, nuestras cámaras legislativas han
debatido dos iniciativas de gran importancia para la estrategia nacional de seguridad.
Primero se discutió y aprobó la iniciativa presentada por presidencia que tenía
como objetivo incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa
Nacional (SEDENA). La segunda, que ya se aprobó en San Lázaro y aún está por
discutirse en el Senado, fue propuesta por una diputada priista y busca
aumentar el tiempo dispuesto para que las Fuerzas Armadas puedan desempeñar
labores de seguridad civil.
La primera iniciativa fue propuesta por Andrés Manuel
López Obrador con el fin de cederle el control operativo y administrativo de la
Guardia Nacional a la SEDENA. Esta iniciativa generó controversia pues
representa un paso más hacia la militarización de la seguridad pública cuando
el presidente, antes de llegar al poder, había prometido desmilitarizar al
país.
De igual manera, la iniciativa presidencial fue
criticada por ir en contra de la Constitución. Debido a que Morena y sus
aliados ya no cuentan con mayoría suficiente para modificar la Carta Magna, la
iniciativa propuesta por Palacio Nacional se limitaba a reformar cuatro leyes.
Esto significó un abuso del Ejecutivo pues el texto constitucional establece
que la Guardia Nacional tiene que estar sujeta a un mando civil. Incorporar la
Guardia Nacional a la SEDENA sin modificar la Constitución significa atentar en
contra el orden constitucional pues todas las leyes deben ser congruentes con
ella.
De hecho, éste fue uno de los principales motivos por
el cual el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación
Política del Senado, se abstuvo en la votación de la iniciativa.
La segunda iniciativa no fue menos controversial.
Propuesta por la diputada priista Yolanda de la Torre y respaldada por
Alejandro Moreno y Rubén Moreira, esta iniciativa tiene la intención de
prolongar el tiempo dispuesto para que los militares puedan desempeñar labores
en las calles del país; se contempla retirarlos de estas tareas en el 2024,
pero, si se aprueba la incitativa, se haría hasta el 2028.
El debate que pudo existir en torno a esta iniciativa
se vio manchado debido a que, el mismo día que fue presentada, la gobernadora
Layda Sansores anunció que detendría las hostilidades en contra del dirigente
nacional del PRI, Alejandro Moreno, en su programa “Los Martes del Jaguar”. Por
lo anterior, más de uno se quedó con la idea de que “Alito” Moreno nuevamente
utilizó al Revolucionario Institucional para obtener beneficios personales. En
este caso, relativos a impunidad en su favor y a la suspensión de la
persecución política dispuesta en su contra por el gobierno campechano.
Las reacciones a esta segunda iniciativa no se
hicieron esperar. El PAN y el PRD suspendieron temporalmente la alianza “Va por
México” (PAN, PRI, PRD) y amagaron con terminarla de forma definitiva si el PRI
no reconsideraba su postura. Por su parte, la bancada priista en el Senado se
posicionó en contra de la iniciativa y dispuso votarla en contra por significar
un acto de militarización.
Esta iniciativa ya fue aprobada en la Cámara de
Diputados con el voto de la mayoría de los diputados del PRI, Morena, el PVEM y
el PT. Ahora le tocará al Senado discutirla y parece que en esta cámara no se
conseguirán los votos suficientes pues no cuenta con el apoyo de los senadores
priistas. Dado que se pretenden modificar preceptos constitucionales, se
requiere de una mayoría calificada que no tienen Morena y sus aliados.
Por otro lado, hay que esperar la respuesta del PAN y
el PRD pues, según advirtieron en estos días, que la bancada priista votara a
favor de la iniciativa en San Lázaro era suficiente motivo para terminar
definitivamente con la alianza “Va por México”.
Las 2 iniciativas que se han discutido en nuestras
cámaras legislativas durante la última semana proponen cambios trascendentales
a la estrategia de seguridad. Es cierto que militarizar este tema representa
grandes riesgos para la población, especialmente en materia de Derechos
Humanos, pero también es cierto que la crisis de inseguridad que atraviesa el
país hace que haya espacio para su consideración. Esperemos que la discusión del
tema se dé en un marco de legalidad y
esté lejos de intereses particulares ya que su importancia amerita la mayor
seriedad posible.
