El gobierno venezolano denunció el avistamiento de al menos cinco aviones de combate estadounidenses cerca de sus costas, una acción que Caracas calificó como “provocación” y “amenaza” contra la seguridad nacional. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó que estos vuelos constituyen una intromisión en la soberanía del país y advirtió que, si se concreta alguna agresión, “se activará una movilización nacional”.
En respuesta a lo que considera un riesgo externo, el presidente Nicolás Maduro decretó el “estado de conmoción externa”, dando facultades extraordinarias al Ejecutivo para adoptar medidas urgentes de defensa nacional. Este tipo de estado de excepción, recogido en la Constitución venezolana, permite entre otras acciones el control militar de servicios clave e imponer medidas de seguridad especiales.
Estos acontecimientos se enmarcan en una escalada militar estadounidense en el Caribe, donde Washington ha intensificado operaciones contra el narcotráfico. En septiembre de 2025, EE. UU. realizó bombardeos contra embarcaciones atribuidas al grupo venezolanizado Tren de Aragua, operación que dejó al menos 11 muertos. Caracas rechazó la versión oficial y calificó el video del bombardeo como “falsedad”.
El enfrentamiento tiene múltiples dimensiones: mientras EE. UU. sostiene que sus acciones responden al combate contra el narcotráfico y al reconocimiento de ciertos cárteles como “organizaciones terroristas”, Caracas las interpreta como una agresión geopolítica con fines de interferencia. La disputa, hasta ahora limitada a amenazas y movilizaciones, podría escalar si alguno de los actores decide actuar de forma más contundente.
