Un cuarto de siglo después de que las políticas estatistas impulsadas por el expresidente Hugo Chávez consolidaran el control absoluto del Estado venezolano sobre la industria petrolera, Venezuela ha dado un giro histórico en su enfoque energético al aprobar una profunda reforma legal que abre el sector a empresas privadas nacionales y extranjeras. La Asamblea Nacional de Venezuela, de amplia mayoría oficialista, aprobó por unanimidad a finales de enero una modificación a la Ley Orgánica de Hidrocarburos cuyo objetivo central es permitir y facilitar la participación de capitales externos y privados en la explotación, producción y comercialización del crudo venezolano, algo que durante décadas estuvo vedado o muy restringido por las leyes de nacionalización de 1976 y las reformas posteriores bajo el chavismo.
La reforma, impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez y ratificada oficialmente por su firma tras la votación legislativa del 29 de enero de 2026, representa un cambio de paradigma en la política petrolera venezolana que desmantela buena parte del modelo de soberanía petrolera promovido durante los gobiernos de Hugo Chávez y continuado por sus sucesores. Bajo el nuevo marco legal, las empresas privadas y extranjeras podrán operar y explotar yacimientos sin estar obligadas a formar parte de empresas mixtas controladas mayoritariamente por Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (PDVSA), la estatal que durante décadas ha monopolizado la industria energética del país sudamericano.
Entre las transformaciones sustantivas más relevantes de la reforma se encuentran la eliminación de las restricciones que limitaban la presencia de capital privado en las actividades primarias del sector petrolero, como la exploración, extracción y comercialización de petróleo. El nuevo texto legal permite a las empresas privadas, tanto venezolanas como extranjeras, celebrar contratos de producción con el Estado sin la obligación de que PDVSA tenga el control mayoritario, lo que en la práctica facilita la entrada de operadores internacionales con mayor autonomía para gestionar sus proyectos y comercializar la producción en los mercados globales.
La reforma también introduce mecanismos que buscan brindar mayor seguridad jurídica a los inversionistas, como la posibilidad de resolver disputas mediante arbitraje internacional en vez de someterse únicamente a los tribunales venezolanos, que históricamente han sido objeto de críticas por falta de independencia. Asimismo, el nuevo marco establece un tope de regalías del 30 por ciento, con la posibilidad de ajustes por parte del Ejecutivo en función de la viabilidad económica de los proyectos, y otorga mayor flexibilidad fiscal para atraer capitales que, según autoridades, serán necesarios para revitalizar un sector que ha sufrido un colapso productivo durante años.
El cambio legislativo se produce en un contexto geopolítico y económico particular. Menos de un mes antes de la aprobación de esta reforma, fuerzas militares de Estados Unidos capturaron al entonces presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores en Caracas, una acción sin precedentes que fue seguida por anuncios de Washington en torno a planes de recuperación de la industria petrolera venezolana con inversión de grandes empresas estadounidenses. A raíz de estos acontecimientos, Estados Unidos adoptó un papel activo en la administración de la venta de crudo venezolano, facilitó la reanudación de licencias para operaciones petroleras y reiteró su interés en que compañías estadounidenses participen en la recuperación de la industria energética de Venezuela.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, calificó la aprobación de la reforma como un momento histórico para la República, destacando que pese a las adversidades Venezuela ha dado pasos significativos para reconfigurar su principal sector económico. La reforma fue acompañada de decisiones para levantar restricciones complementarias, como la reanudación de vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos, suspendidos por más de siete años, lo que se percibe como parte de una normalización más amplia de las relaciones bilaterales.
A pesar de la aprobación casi unánime de la reforma, la rapidez con la que se llevó a cabo el proceso legislativo y la ausencia de un debate más amplio con sectores opositores y la sociedad civil han generado críticas. Observadores señalan que la medida, aunque necesaria, podría carecer de garantías suficientes en términos de transparencia y regulación, lo que plantea interrogantes sobre la supervisión adecuada de futuros contratos y la protección contra prácticas corruptas en un país con una larga trayectoria de problemas institucionales en el sector petrolero.
Con la entrada en vigor de esta nueva ley, Venezuela busca revertir décadas de declive en su producción petrolera, que se encontraba muy por debajo de sus niveles históricos debido a la mala gestión, la falta de inversión y las sanciones internacionales. El país posee, según datos internacionales, unas de las mayores reservas probadas de crudo del mundo, y las autoridades ven la reforma como un punto de partida para recuperar competitividad, atraer capital extranjero y reinsertarse en los mercados energéticos globales.
Este viraje legislativo simboliza no solo una reconfiguración de la política energética venezolana, sino también un replanteamiento de su estrategia económica en un entorno internacional dinámico. El impacto real de estas reformas dependerá de la capacidad de atraer inversiones significativas, generar condiciones de confianza para los actores extranjeros y gestionar de manera eficiente los recursos en un país que ha enfrentado profundas crisis económicas y políticas durante años.
