La violencia digital contra las mujeres en México se ha convertido en una preocupación central para activistas, organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales, debido a su expansión y a los efectos que causa en la vida cotidiana de las víctimas.
Este tipo de violencia se manifiesta cuando, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación, se ejecutan actos que afectan la intimidad, la dignidad o la seguridad de una persona, como la difusión no consentida de imágenes o videos íntimos, amenazas, acoso y ciberacoso en redes sociales o aplicaciones de mensajería. La violencia digital incluye también “toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación… que cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de la vida privada o en la imagen propia” de las mujeres, sin su consentimiento.
Organizaciones como ONU Mujeres han alertado que el fenómeno crece a nivel global y que en México más de 10 millones de mujeres han vivido algún tipo de violencia digital, con porcentajes significativos de agresiones facilitadas por herramientas tecnológicas.
El impacto de estas agresiones va más allá de lo virtual y se traduce en daños reales en la autoestima, la reputación y la participación social de las mujeres. La violencia digital forma parte de un conjunto más amplio de violencias de género y se considera una extensión de las prácticas discriminatorias que experimentan las mujeres fuera de Internet, solo que habilitadas por el uso de plataformas digitales.
La ONU, en el marco de campañas como los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, ha subrayado la necesidad de garantizar entornos digitales seguros y libres de agresiones, reconociendo que, aunque la violencia digital se manifiesta en espacios virtuales, sus efectos vulneran derechos fundamentales y limitan la participación plena de las mujeres en la sociedad.
Además de condenar estas prácticas, distintos sectores han impulsado acciones para combatirlas. En México y en otras partes de América Latina se han desarrollado marcos legales, campañas de sensibilización y programas de acompañamiento a víctimas. La respuesta incluye fortalecer mecanismos de denuncia, ampliar la alfabetización digital con perspectiva de género y crear políticas públicas que consideren las particularidades de las agresiones en línea.
La violencia digital no solo atenta contra la privacidad de las mujeres, sino que también puede desencadenar consecuencias psicológicas profundas, aislamiento social y el temor a interactuar en espacios públicos o profesionales, lo que impacta directamente su autonomía y bienestar.
Frente a esta realidad, organizaciones de la sociedad civil, instituciones gubernamentales y organismos internacionales enfatizan que es indispensable visibilizar, prevenir y sancionar la violencia digital para avanzar en la erradicación de todas las formas de violencia de género, reconociendo que los entornos digitales son una extensión de la vida social que no puede quedar fuera de las estrategias de protección de los derechos humanos.
