El espejo roto, por: Bernardo Laris
Rodríguez.
La
organización política de México está basada en 3 poderes independientes que
conforman los tres órdenes de gobierno: el poder ejecutivo, el legislativo y el
judicial.
Es
importante no confundir con los tres niveles de gobierno que son: el federal,
el estatal y el municipal.
En
las pasadas elecciones del 1 de julio, los yucatecos elegimos los candidatos
que conformarán el poder ejecutivo y legislativo tanto en el ámbito federal y
estatal así como a las autoridades en ámbito municipal… pero ¿y el poder
judicial?
Efecto de espejo
roto.
El
poder judicial se conforma por jueces y magistrados. A los jueces los nombra el
consejo de la judicatura, por concurso, es decir, se abre la convocatoria, se
inscriben los interesados y el más apto es elegido. Los magistrados son
designados por el congreso de una terna que presenta el ejecutivo.
El
pasado jueves, el magistrado presidente Dr. Marcos Celis Quintal, presentó el
informe anual de actividades. Entre datos y agradecimientos, resalta la
referencia a la transparencia, por la cual el poder judicial del estado de
Yucatán fue distinguido por tener a disposición del público información mayor a
la que exige la ley. Así mismo, la actividad jurisdiccional posicionó al poder
judicial como referente nacional en el ámbito de justicia, siendo el mejor
calificado en el país.
Finalmente,
el dato duro, los yucatecos aspiramos a la mejor de las justicias posibles.
Para ello se requiere garantizar la autonomía e independencia del poder
judicial, y para ello se requieren recursos; es decir, la próxima legislatura
debe asignar los recursos suficientes para abrir nuevos juzgados que permitan
abatir las importantes cargas de trabajo.
Según
refiere el Dr. Marcos Celis: “De acuerdo al índice de impunidad global, para
una justicia propia y expedita se requiere 16 jueces por cada 100 mil
habitantes. En Yucatán hay 2.9”. En pocas palabras, hace falta voluntad
política, que asigne el presupuesto adecuado.
Mucho
se ha avanzado en la implementación del nuevo sistema de justicia oral, pero si
nos quedamos cortos, si la impartición de justicia no garantiza el estado de
derecho, la seguridad en el estado que prometieron los candidatos durante el
periodo de elecciones, está en riesgo de perderse.
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