Modelo de Ley Integral de Participación Ciudadana
Por: Jorge Valladares Sánchez*.
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En los temas que nos importan es
frecuente que veamos tres dimensiones que parecen reflejar mundos ajenos o
incluso enfrentados: lo que dice la Ley, lo que debería pasar (o quisiéramos
que pase) y lo que pasa… Quizás la Participación Ciudadana no sea un nombre que
aparezca entre lo que te importa, pero déjame intentar con un párrafo encontrar
un sinónimo o aplicación que sí tenga que ver con lo más valioso para ti.
Veamos. Se trata de ejercer
cotidianamente la democracia, de asegurar que podamos ejercer nuestros
derechos, de la forma más efectiva de contener los excesos de quien gobierna,
de recibir los beneficios de aportar a la comunidad o el País, de expresar
nuestras opiniones y que valgan, de ser parte de las decisiones y de las
soluciones, de vivir en comunidad con armonía en función del diálogo y el
consenso con prioridades de la mayoría, conservando espacios justos para las
minorías… ¿No? Bueno, se trata de poder exigir lo que te toca y tenerlo, de
darle mejores oportunidades a tu familia, de vivir a gusto en nuestra
comunidad, de entendernos y ponernos de acuerdo, de que te respeten y respetar,
de aprovechar todo lo que está obligado el gobierno a darte, de más paz y menos
violencia…
Estamos dentro del área de la
Democracia Directa, que consiste en la participación de la ciudadanía en los
asuntos públicos de su comunidad, sin necesidad de intermediarios. Es lo que
pensadores de la talla de Jürgen Habermas y Hanna Arendt llamaron la acción de
la ciudadanía para apropiarse del espacio público. Esta apropiación se realiza
a través del ejercicio de instrumentos que en la Ley se conocen como Mecanismos
de Participación Ciudadana (MPC). El asunto es que en la realidad lo que vemos
es desinterés generalizado por los asuntos públicos y las instituciones,
totalmente entendible a partir del comportamiento de algunos (o muchos)
funcionarios y políticos y lo complicado de lograr que participar lleve a un
buen resultado. Y lo que debería pasar es que efectivamente el Estado asegure
que la ciudanía tenga poder en las decisiones de todo lo que le afecta.
Si no logré tu interés, síguele
leyendo, ya que…. Si ya tengo tu atención, enfatizo que Yucatán ha sido pionero
en destacados avances legislativos. Nuestra Constitución de 1841 contenía un
avance que revolucionó al sistema jurídico mexicano: el juicio de amparo, obra
de Manuel Crescencio Rejón, ilustre jurista yucateco. Salvador Alvarado
promulgó las llamadas “cinco hermanas”: Ley Agraria, de Hacienda, del Trabajo,
del Catastro y Ley Orgánica de los Municipios; leyes que se anticiparon al
contenido de la Constitución Federal de 1917 y que cristalizaba la ideología de
la Revolución Mexicana. Otro ejemplo significativo es la legislación que
permitió el empoderamiento de la mujer en Yucatán, durante el gobierno de
Felipe Carrillo Puerto, que permitió la elección de legisladoras y regidoras en
nuestro Estado.
Hace unos días se abrió un nuevo
espacio para que Yucatán se ponga a la vanguardia, esta vez en materia de
Democracia Directa. Un conjunto de servidores públicos del IEPAC revisamos
todas las leyes existentes en México y propusimos generar un Modelo de Ley
Integral de Participación Ciudadana que fuese versátil y que pudiese ser
adaptable y aplicable en cada contexto estatal e incluso en el ámbito nacional.
Apuntalamos esa propuesta
acudiendo a los estados donde mejor ha ocurrido lo que la Ley dice en cuanto a
MPC y la remitimos a todos los institutos electorales, que trabajan los mismos
temas en el País. Los días 29 y 30 de abril nos reunimos con representantes de
la gran mayoría de ellos en nuestra hermosa Mérida, en lo que fue un verdadero
Taller Nacional de Participación Ciudadana, para convertir esa propuesta en un
documento definitivo que pudiera llevarse y aprovecharse en cada entidad del
País. Así ocurrió y hoy ese documento hecho por más de 70 especialistas y
expertos está a disposición de cada uno de los Congresos locales. Es digno de
reconocimiento el trabajo realizado por este destacado conjunto de auténticos
utopistas y persistentes en la búsqueda de una verdadera y amplia participación
ciudadana, que acudieron al que puede ser un paso gigantesco en el fortalecimiento
de la ciudadanía y su participación en los asuntos públicos.
En este Modelo de Ley Integral
están adecuadamente regulados todos los MPC que existen en México, para que
cada cual elija los adecuados a su cultura y contexto, y además están escritas
las bases para el ideal de que el gobierno tome como una política de estado
apostarle y proteger la participación constante y diversa de la ciudadanía en
las decisiones y soluciones. Igual de importante es que se establecen las
formas de hacer que todo esto sea aplicable con realismo e impacto, asegurando
quiénes, cuándo y con qué se garantiza que funcionen los MPC. O sea que si
algún congreso lo adopta y adapta, ese estado vería factible integrar lo que
diga su Ley, con lo que debería pasar y lo que pase en la cotidianidad social.
Nuestra labor continúa y
dialogaremos con el Congreso del Estado para que sea pionero en utilizar este
amplio trabajo realizado por los/as especialistas. Podría suceder que Yucatán
no sólo haya sido la cuna de este documento, sino que se convierta en el primer
estado en darle este enorme giro al empoderamiento ciudadano. Sabemos que la democracia no se termina en
las urnas al elegir a nuestros/as representantes o administradores a los que
les pagamos a través de impuestos; además es importante asimilar que la
democracia es un modo de vida, continuo, que el ser humano es un ser político,
un ser que se perfecciona cuando tiene conciencia de las necesidades de su
comunidad, participa y hace suyo todo el espacio público e interviene en la
toma de decisiones y soluciones trascendentales.
Nadie sabe lo que tiene, hasta
que lo usa. Hoy tenemos algunos MCP en Yucatán, que hemos usado poco. Hoy
nuestro Congreso tiene la oportunidad de dibujar una realidad diferente para
nuestra gente.
*Jorge Valladares Sánchez
Consejero Electoral del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán.
Doctor en Ciencias Sociales y
Doctorante en Derechos Humanos.
Especialista en Psicología y
Licenciado en Derecho.
Presidente 2011-2014 del Colegio
de Psicólogos del Estado de Yucatán.
