Por: Jorge Valladares Sánchez
En los temas que nos importan es frecuente que veamos tres dimensiones que parecen reflejar mundos ajenos o incluso enfrentados: lo que dice la Ley, lo que debería pasar (o quisiéramos que pase) y lo que pasa… Quizás la Participación Ciudadana no sea un nombre que aparezca entre lo que te importa, pero déjame intentar con un párrafo encontrar un sinónimo o aplicación que sí tenga que ver con lo más valioso para ti.
Veamos. Se trata de ejercer cotidianamente la democracia, de asegurar que podamos ejercer nuestros derechos, de la forma más efectiva de contener los excesos de quien gobierna, de recibir los beneficios de aportar a la comunidad o el País, de expresar nuestras opiniones y que valgan, de ser parte de las decisiones y de las soluciones, de vivir en comunidad con armonía en función del diálogo y el consenso con prioridades de la mayoría, conservando espacios justos para las minorías… ¿No? Bueno, se trata de poder exigir lo que te toca y tenerlo, de darle mejores oportunidades a tu familia, de vivir a gusto en nuestra comunidad, de entendernos y ponernos de acuerdo, de que te respeten y respetar, de aprovechar todo lo que está obligado el gobierno a darte, de más paz y menos violencia…
Estamos dentro del área de la Democracia Directa, que consiste en la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos de su comunidad, sin necesidad de intermediarios. Es lo que pensadores de la talla de Jürgen Habermas y Hanna Arendt llamaron la acción de la ciudadanía para apropiarse del espacio público. Esta apropiación se realiza a través del ejercicio de instrumentos que en la Ley se conocen como Mecanismos de Participación Ciudadana (MPC). El asunto es que en la realidad lo que vemos es desinterés generalizado por los asuntos públicos y las instituciones, totalmente entendible a partir del comportamiento de algunos (o muchos) funcionarios y políticos y lo complicado de lograr que participar lleve a un buen resultado. Y lo que debería pasar es que efectivamente el Estado asegure que la ciudanía tenga poder en las decisiones de todo lo que le afecta.
Si no logré tu interés, síguele leyendo, ya que…. Si ya tengo tu atención, enfatizo que Yucatán ha sido pionero en destacados avances legislativos. Nuestra Constitución de 1841 contenía un avance que revolucionó al sistema jurídico mexicano: el juicio de amparo, obra de Manuel Crescencio Rejón, ilustre jurista yucateco. Salvador Alvarado promulgó las llamadas “cinco hermanas”: Ley Agraria, de Hacienda, del Trabajo, del Catastro y Ley Orgánica de los Municipios; leyes que se anticiparon al contenido de la Constitución Federal de 1917 y que cristalizaba la ideología de la Revolución Mexicana. Otro ejemplo significativo es la legislación que permitió el empoderamiento de la mujer en Yucatán, durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto, que permitió la elección de legisladoras y regidoras en nuestro Estado.
Hace unos días se abrió un nuevo espacio para que Yucatán se ponga a la vanguardia, esta vez en materia de Democracia Directa. Un conjunto de servidores públicos del IEPAC revisamos todas las leyes existentes en México y propusimos generar un Modelo de Ley Integral de Participación Ciudadana que fuese versátil y que pudiese ser adaptable y aplicable en cada contexto estatal e incluso en el ámbito nacional.
Apuntalamos esa propuesta acudiendo a los estados donde mejor ha ocurrido lo que la Ley dice en cuanto a MPC y la remitimos a todos los institutos electorales, que trabajan los mismos temas en el País. Los días 29 y 30 de abril nos reunimos con representantes de la gran mayoría de ellos en nuestra hermosa Mérida, en lo que fue un verdadero Taller Nacional de Participación Ciudadana, para convertir esa propuesta en un documento definitivo que pudiera llevarse y aprovecharse en cada entidad del País. Así ocurrió y hoy ese documento hecho por más de 70 especialistas y expertos está a disposición de cada uno de los Congresos locales. Es digno de reconocimiento el trabajo realizado por este destacado conjunto de auténticos utopistas y persistentes en la búsqueda de una verdadera y amplia participación ciudadana, que acudieron al que puede ser un paso gigantesco en el fortalecimiento de la ciudadanía y su participación en los asuntos públicos.
En este Modelo de Ley Integral están adecuadamente regulados todos los MPC que existen en México, para que cada cual elija los adecuados a su cultura y contexto, y además están escritas las bases para el ideal de que el gobierno tome como una política de estado apostarle y proteger la participación constante y diversa de la ciudadanía en las decisiones y soluciones. Igual de importante es que se establecen las formas de hacer que todo esto sea aplicable con realismo e impacto, asegurando quiénes, cuándo y con qué se garantiza que funcionen los MPC. O sea que si algún congreso lo adopta y adapta, ese estado vería factible integrar lo que diga su Ley, con lo que debería pasar y lo que pase en la cotidianidad social.
Nuestra labor continúa y dialogaremos con el Congreso del Estado para que sea pionero en utilizar este amplio trabajo realizado por los/as especialistas. Podría suceder que Yucatán no sólo haya sido la cuna de este documento, sino que se convierta en el primer estado en darle este enorme giro al empoderamiento ciudadano. Sabemos que la democracia no se termina en las urnas al elegir a nuestros/as representantes o administradores a los que les pagamos a través de impuestos; además es importante asimilar que la democracia es un modo de vida, continuo, que el ser humano es un ser político, un ser que se perfecciona cuando tiene conciencia de las necesidades de su comunidad, participa y hace suyo todo el espacio público e interviene en la toma de decisiones y soluciones trascendentales.
Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo usa. Hoy tenemos algunos MCP en Yucatán, que hemos usado poco. Hoy nuestro Congreso tiene la oportunidad de dibujar una realidad diferente para nuestra gente.
