Por: Ernesto Guerra de la Peña.
El acoso sexual en México es cada vez mayor. Según un estudio realizado por el INEGI, de las 46.5 millones de mujeres mayores de 15 años que viven en el país, 30.7 millones de ellas han sufrido algún tipo de acoso. Entre los estados con casos por encima de la media nacional se encuentran: la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco y Yucatán. Esta práctica es realizada mayormente por hombres hacia las mujeres pero también existen hombres que acosan a otros hombres.
El acoso sexual callejero se manifiesta de forma verbal y física en espacios públicos. Según un estudio presentado por ONU Mujeres, en la Ciudad de México, 9 de cada 10 mujeres que utilizan el transporte público han sufrido algún tipo de violencia sexual. Cifras alarmantes para este patrón de violencia que tiene efectos psicológicos nocivos para las víctimas. Las mujeres se ven orilladas a cambiar su forma de vestir para evitar ser hostigadas y sus horarios o recorridos de transporte habituales para no reencontrarse con sus agresores.
El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho a circular libremente. Pero el derecho de movilidad universal no solamente se refiere a la libertad de transitar sin que nadie nos lo impida, sino que también esta movilidad debe ser inclusiva y contar con las condiciones adecuadas para poder trasladarnos de un lugar a otro sin sufrir exclusión o algún tipo de violencia. Una persona con discapacidad deberá de contar con rampas en los lugares públicos para poder desplazarse, como también las mujeres deberán de contar con políticas públicas que le den la seguridad para puedan trasladarse sin sufrir ningún tipo acoso.
En Mérida, según señala la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Fabiola García Magaña, las denuncias de acoso callejero han aumentado en un 5%. Mensualmente acuden alrededor de 350 mujeres al instituto pidiendo ayuda por algún tipo de caso relacionado con acoso. El problema radica en que muchas veces la burocratización, la falta de seguimiento de los casos, el miedo de las víctimas a sufrir posibles represalias por parte de los agresores y la falta de castigos por parte de las autoridades impide que estas denuncias lleguen ser satisfactorias. Por lo que no podemos basarnos en el número de denuncias para entender la magnitud del problema que vulnera a las mujeres de nuestro estado.
Actualmente en el Congreso del Estado, gracias a la iniciativa del diputado Víctor Merarí Sánchez Roca, ya exististe un exhorto, aprobado desde el año pasado, para que los 106 municipios reformen sus reglamentos de bandos de policía y Buen Gobierno Municipal, buscando castigar el acoso callejero con penas de hasta 24 horas y promover políticas públicas de prevención. Es responsabilidad de los alcaldes adecuar su reglamento municipal para castigar a quienes incurran en este delito.
Considero que el trabajo para prevenir y combatir los casos de abuso sexual callejero, como cualquier otro, no solamente está en manos de las autoridades. Es una labor diaria por parte de nosotros los ciudadanos para denunciar y tomar acción en caso de presenciar una situación en la que una mujer se sienta violentada. Los hombres tenemos la tarea de hacer un examen de conciencia para identificar conductas machistas y misóginas.
