Editorial La Revista Peninsular
Hace unas semanas, el gobernador Mauricio Vila anunció una serie de programas sociales para la apoyar a la economía de la población ante la crisis ocasionada por el COVID- 19; entre estos programas figuró el Seguro de Desempleo, que contemplaba apoyos económicos a personas que hubiesen perdido su trabajo por la contingencia, que no tuviesen trabajo fijo, o que trabajasen por su cuenta. Desgraciadamente, esta noble iniciativa se vio manchada por la carencia de valores de algunos ciudadanos.
Los requisitos para aplicar a este programa fueron claros y concisos. La convocatoria estipulaba, como ya mencionamos, que el beneficiario debía encontrarse en situación de desempleo o trabajar en la informalidad, y también era necesario que no recibiese otro apoyo por parte de cualquier nivel de gobierno y que solo hubiese un beneficiario por familia.
Para inscribirse a este programa se dispuso un formulario en línea, el cual tuvo que cerrarse poco después de un día de su apertura ante la abrumadora respuesta por parte de la población yucateca. En cuestión de horas, el portal recibió casi sesenta y cuatro mil solicitudes, cuando el presupuesto destinado para el programa contemplaba ayudar a cuarenta y seis mil ochocientas familias.
Todas las solicitudes serían vigiladas por un Comité Ciudadano y, de cumplir con los requisitos estipulados, las personas serían candidatas para recibir un apoyo mensual de dos mil quinientos pesos por dos meses. Se dispuso que el padrón de beneficiarios se publicara en un portal electrónico del gobierno, y en un documento junto con los medios impresos de mayor circulación en el Estado.
Todo ocurrió como se planeó, sin contratiempo o controversia, hasta que fue publicada la lista de beneficiarios del programa; en esta lista aparecieron notables nombres y apellidos de ciudadanos de nuestro Estado, quienes se sabe, por su conocido nivel socioeconómico, no tienen la necesidad de recibir estos apoyos, que sí necesitan miles de familias yucatecas.
No pasó mucho tiempo de que se dio a conocer los nombres de los beneficiados, para que en las redes sociales ya se pudieran observar denuncias ciudadanas señalando a los individuos abusivos. Uno de los casos más sonados, fue el de una servidora pública del ayuntamiento de Tekax quien apareció entre los beneficiarios, y posteriormente fue separada de su cargo tras la controversia.
Ante la indignación colectiva por parte de la sociedad yucateca en contra de los abusos cometidos por estos yucatecos “fifís”, como diría el presidente, el gobierno del Estado indicó que el Comité Ciudadano revisaría de nuevo las solicitudes con el fin de identificar irregularidades y eliminar del padrón a los ciudadanos abusivos. Ya se le retiró el beneficio a algunos de los señalados, y existen más de trescientos cincuenta casos sospechosos.
Fuera de retirar del padrón de beneficiados a quienes se identifiquen como irregulares, no hay mayor consecuencia legal por sus acciones. Debido a la situación crítica en la que estamos inmersos, el gobierno estatal solo contaba con hacer que el formulario de la convocatoria sea contestado a protesta de decir verdad como único mecanismo de seguridad; fuera de eso, hubiese sido irresponsable de su parte hacer visitas a los solicitantes para corroborar su situación socioeconómica, o exigir que se entreguen documentos oficiales, pues se debía evitar a la movilización de personas y la exposición a contagios.
Afortunadamente, la ciudadanía yucateca demostró su carácter, y no tardó en denunciar las evidentes injusticas que observó. De nuevo estuvo presente la capacidad de asombro e indignación que aún tiene la sociedad yucateca, capacidades que nos permiten defender la paz que nos caracteriza.
Si bien, las normas jurídicas no contemplan castigo para quienes abusaron de la convocatoria del Seguro de Desempleo, la sociedad sí, y se hizo sentir con un pronunciado reproche en contra de los señalados, el cual tuvo primordial eco en redes sociales.
Crisis como la que sufrimos actualmente nos obliga a poner nuestra situación en perspectiva, porque al sufrir en estos momentos es inevitable pensar en que hay alguien en una situación peor a la propia, y al darnos cuenta lo difícil que es el escenario que se avecina, es natural sentir empatía por el vecino y extender la mano; el espíritu solidario aflora en estos tiempos, porque cuando sufrimos hacemos empatía con quienes sufren más.
Por esto es verdaderamente penoso ver que yucatecos pretenden aprovechar estos apoyos a expensas de gente que de verdad lo necesita; gente que tenía en su cartera únicamente lo que ganaba al día, y como ya no puede salir a trabajar, ya no tiene un peso.
Los pensadores del mundo coinciden en que el aislamiento al que estamos sujetos es una oportunidad para reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos, y en la que queremos vivir, para mejorar en conjunto cuando acabe la crisis. Para que este replanteamiento de la realidad sea viable, es necesario que toda, o la gran mayoría, de quienes compongan la sociedad piensen en el mismo sentido, por lo que es una cualidad mayor de la sociedad yucateca poder exigirse a sí misma un comportamiento ético y solidario.
En estos tiempos no podemos dejar de exigirle a la autoridad, ni a nosotros mismos, actuar con completa honestidad y transparencia, pues juntos podemos alzar la voz para velar por quienes están en vulnerabilidad y no reciben apoyos, y en este espíritu solidario construir el futuro que queremos.
