FOTO: ROGELIO MORALES PONCE
(CUARTOSCURO)
La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos
para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz de su Comisionado
Presidente para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, se
solidariza con los derechos laborales adquiridos de los trabajadores del Poder
Judicial Federal mexicano. No se pueden vulnerar los Derechos Humanos por
intentar debilitar al Poder Judicial con acciones totalitarias que buscan
imponer su fuerza coercitiva con la finalidad de que el Poder Ejecutivo sea la
única fuerza en conducir las acciones para sus Gobernados. Estas acciones no
fortalecen a un Estado Democrático.
En los últimos días, 500 de los trabajadores
del Poder Judicial han salido a manifestar su inconformidad por la extinción de
13 fideicomisos que supondría un recorte de 15.000 millones de pesos a su
organismo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defiende esta
medida argumentando que el Poder Judicial ha abusado del presupuesto y que los
fideicomisos que fueron retirados solo favorecían los privilegios de unos
cuantos, por lo tanto, ha decidido que el dinero de dichos fideicomisos sea
destinado a los programas sociales e infraestructura.
Los y las manifestantes no están de acuerdo
con la reforma al presupuesto, pues afirman que esta reducirá considerablemente
su salario. Ante esta situación, Jesús Gilberto González Pimentel, líder del
Sindicato de Trabajadores del PJF anunció un paro de labores a partir de hoy
jueves y hasta el próximo martes 24 de octubre.
Gutiérrez Yáñez señaló que los derechos
laborales son derechos humanos, y la capacidad de ejercerlos en el lugar de
trabajo es imprescindible para que los trabajadores del poder judicial puedan
disponer de una amplia gama de otros derechos, sean estos económicos, sociales,
culturales, políticos, o de otra índole que fortalezcan su libre desarrollo y
que no deben estar sujetos a decisiones extremas por parte del responsable del
ejecutivo. Afirmó que desconocer los derechos laborales adquiridos violenta al
Estado de Derecho Mexicano.
