El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, deportó el pasado domingo a 17 individuos señalados como presuntos miembros de las pandillas Tren de Aragua y MS-13 hacia El Salvador. Esta acción se llevó a cabo a pesar de las restricciones judiciales previas que buscaban detener tales deportaciones.
El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que los deportados incluyen personas acusadas de delitos graves como asesinato y violación. “Estamos comprometidos en garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, y estas deportaciones son una muestra de nuestra determinación”, afirmó Rubio.
Las deportaciones se realizaron incluso después de que un juez federal emitiera una orden bloqueando la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada por la administración para justificar las expulsiones rápidas sin el debido proceso. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han criticado estas acciones, argumentando que se están violando los derechos fundamentales de los deportados al no otorgarles la oportunidad de defenderse adecuadamente.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha aceptado recibir a estos individuos, quienes fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad conocida por sus estrictas condiciones. Bukele defendió la medida, indicando que los deportados son “criminales de alto perfil” y que su encarcelamiento contribuirá a la seguridad regional.
Estas deportaciones forman parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para presionar a países como Venezuela a aceptar vuelos de deportación. Sin embargo, la transferencia de individuos a terceros países y su posterior detención en condiciones severas ha generado críticas internacionales y preocupaciones sobre posibles violaciones a los derechos humanos.
