En una estrategia no divulgada oficialmente, policías estatales de Florida y agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP) están compartiendo vehículos patrulla para aplicar leyes migratorias durante operativos de tránsito ordinarios. Esta táctica permite a los agentes federales interrogar y arrestar a personas sin estatus migratorio regular inmediatamente después de una infracción de tráfico, sin necesidad de esperar a otros funcionarios de inmigración .
Documentos judiciales federales y testimonios de abogados de inmigración revelaron esta práctica, que hasta el momento no había sido reportada ni comunicada oficialmente por las autoridades estatales ni federales. El abogado Richard Hujber, con sede en Boynton Beach, expresó su preocupación sobre la falta de transparencia y cuestionó si los policías estatales están recibiendo el entrenamiento adecuado para estos procedimientos, especialmente cuando se trata de coordinar con la Patrulla Fronteriza en arrestos que pueden tener consecuencias penales graves .
Casos judiciales recientes evidencian este procedimiento. En uno, un agente de la Policía de Carreteras de Florida detuvo un vehículo cuyo conductor no realizó una parada completa antes de girar a la derecha con semáforo en rojo. Un agente de la Patrulla Fronteriza, que viajaba en el mismo vehículo patrullero, interrogó a los ocupantes y arrestó a un hombre originario de Guatemala, quien enfrenta el cargo federal de “extranjero previamente deportado encontrado en Estados Unidos”, con una pena máxima de 20 años de prisión .
En otro incidente, un conductor fue detenido por tener el parabrisas polarizado. Nuevamente, un agente federal presente en el mismo patrullero interrogó a los pasajeros y detuvo a un hombre que declaró haber ingresado de forma ilegal al país desde México, siendo acusado formalmente con el mismo delito migratorio .
La implementación de esta estrategia ha generado inquietudes entre defensores de derechos civiles y abogados de inmigración, quienes advierten sobre posibles violaciones a los derechos constitucionales y la falta de supervisión adecuada en estos operativos conjuntos.
Hasta el momento, las autoridades estatales y federales no han emitido declaraciones oficiales respecto a esta práctica ni han proporcionado lineamientos formales sobre su ejecución.
