Opinión de Marco Antonio Cortez Navarrete.
En mayo de 1922, la entonces Universidad Nacional del Sureste abrió sus puertas con un presupuesto de 176 mil pesos, de los cuales 88 mil provinieron de la federación, 80 mil del gobierno de Yucatán y 8 mil más de ingresos propios.
Con apenas 150 docentes y 1,733 estudiantes —entre ellos 74 campechanos y 12 tabasqueños— la institución echó a andar un proyecto educativo que marcaría el rumbo académico y profesional del sureste del país.
Cincuenta años después, en 1972, ya convertida en Universidad de Yucatán, la casa de estudios contaba con una sólida estructura académica, diversas facultades y un compromiso claro con las demandas sociales y el desarrollo regional.
Hoy, a sus 103 años, la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) presume más de 30 mil estudiantes y cerca de 4 mil 500 académicos y personal administrativo en niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado. El próximo 13 de agosto, toda esta maquinaria humana retomará labores para seguir formando a los profesionales que el país necesita.
Sin embargo, persiste una pregunta incómoda: ¿por qué, en lugar de fortalecer lo que ya ha probado su eficacia, los gobiernos federal y estatal destinan recursos y energía a crear nuevas opciones educativas que, en muchos casos, han mostrado resultados cuestionables?
El abandono paulatino a las universidades públicas consolidadas no es solo una mala estrategia financiera: es un error de visión. Apostar por “nuevos experimentos” mientras se deja sin recursos suficientes a instituciones con décadas de resultados tangibles equivale a sembrar incertidumbre en lugar de progreso.
La UADY, como muchas otras universidades públicas del país, no necesita reinventarse desde cero: necesita respaldo, inversión, infraestructura y un reconocimiento real de su papel en el desarrollo social, económico y cultural.
Porque cuando lo que funciona se descuida para impulsar lo que no ha probado su eficacia, no se está innovando… se está retrocediendo.
