La capital mexicana fue escenario recientemente de una movilización de miles de jóvenes que se identifican con la llamada Generación Z. El detonante fue el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, hecho que reavivó el descontento de la población frente al creciente clima de inseguridad, violencia e impunidad.
Los manifestantes plantearon reclamos amplios, que incluyeron la exigencia de mayor seguridad, justicia para las víctimas, así como una renovación del panorama político tradicional. Según declaraciones recogidas, uno de los participantes resumió: “No me interesa quién convocó la manifestación. El hartazgo es real.”
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la naturaleza del movimiento, aseguró que había una “mucha presencia de adultos, pocos jóvenes” y afirmó que la marcha carecía de carácter genuinamente juvenil. Asimismo, el gobierno acusó a operadores de derecha, influencers y campañas pagadas de manipular la convocatoria por medio de redes sociales y bots, con un gasto estimado de más de 90 millones de pesos.
Durante la jornada de protesta se registraron incidentes de violencia: se reportaron enfrentamientos con la policía, así como daños a la infraestructura en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
El contraste entre por un lado un movimiento que reivindica su independencia de los partidos tradicionales y del otro una administración que lo considera infiltrado y mediado por intereses externos plantea un escenario complejo para la democracia mexicana. En este contexto, la pregunta no es sólo qué exigen los jóvenes, sino también quién convoca, cómo se organiza y con qué propósitos.
En definitiva, esta movilización representa un momento significativo: una juventud que levanta la voz ante las condiciones del país, y un poder que defiende su legitimidad y cuestiona la autenticidad de esa voz. Las consecuencias de este pulso político-social podrían marcar el rumbo de la participación ciudadana en México en los próximos años.
