El Gobierno de México anunció la apertura de una investigación tras el fallecimiento de dos funcionarios estadounidenses y dos agentes mexicanos en un accidente ocurrido en el estado de Chihuahua, hecho que ha generado cuestionamientos sobre la participación de autoridades extranjeras en operativos de seguridad dentro del país.
El incidente se registró durante la madrugada, cuando un convoy que regresaba de un operativo contra laboratorios clandestinos sufrió un percance vial que provocó la muerte de los cuatro funcionarios involucrados. De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo en el que viajaban cayó por un barranco tras un aparente derrape.
Ante estos hechos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su administración no tenía conocimiento previo de la presencia de agentes estadounidenses participando en dichas acciones. En este sentido, declaró que “no existen operaciones conjuntas” en materia de seguridad entre ambos países, limitándose la cooperación al intercambio de información.
La mandataria también señaló la necesidad de esclarecer completamente lo sucedido, subrayando que la legislación mexicana establece que cualquier intervención extranjera en asuntos de seguridad debe contar con autorización federal. En ese contexto, indicó que se investigará si hubo una posible violación a la ley de seguridad nacional.
Asimismo, Sheinbaum enfatizó que su gobierno mantiene una postura firme respecto a la soberanía del país, al tiempo que reiteró su disposición para continuar colaborando con Estados Unidos en el combate al crimen organizado, siempre dentro de los marcos legales establecidos. Según reportes, la presidenta manifestó que no estaba al tanto de la coordinación de los funcionarios estadounidenses con autoridades locales en Chihuahua.
Por su parte, autoridades estadounidenses no han emitido comentarios oficiales sobre el incidente, mientras que se espera un intercambio de información entre ambos gobiernos para esclarecer las circunstancias del operativo y la participación de los agentes extranjeros.
El caso ha abierto un nuevo debate sobre los límites de la cooperación bilateral en materia de seguridad y la necesidad de garantizar el respeto a la soberanía nacional en el contexto de la lucha contra el crimen organizado.
