En Yucatán, la violencia contra las personas adultas mayores se ha convertido en una problemática silenciosa que, en muchos casos, ocurre dentro del propio hogar y permanece oculta por miedo, vergüenza o dependencia familiar. Aunque el maltrato físico suele ser la forma más visible de agresión, especialistas advierten que el abuso económico y patrimonial es una de las modalidades más preocupantes, debido a que afecta directamente la autonomía, la seguridad y la dignidad de quienes han llegado a la vejez.
El problema no siempre deja moretones ni señales evidentes. Puede presentarse cuando una persona mayor pierde el control de su pensión, de su cuenta bancaria, de sus propiedades o de sus recursos económicos bajo el argumento de que un familiar la está “ayudando”. Sin embargo, esa supuesta ayuda puede convertirse en una forma de dominio, despojo o manipulación cuando se realiza sin consentimiento claro o cuando impide que la persona decida sobre su propio patrimonio.
De acuerdo con la información difundida por Por Esto!, el psicogerontólogo Jorge Regla Villanueva, director de SEA Activo, advirtió que existe un alto nivel de abuso en la condición patrimonial y económica de las personas mayores, pero que esta modalidad es una de las que menos se denuncia. “Hay mucho abuso en la condición patrimonial y económica. Ese es el que menos se denuncia”, señaló el especialista en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.
La violencia contra adultos mayores puede manifestarse de diversas formas: abuso físico, psicológico, económico, patrimonial, sexual y abandono. Sin embargo, los estudios citados por el Instituto Nacional de Geriatría revelan que el maltrato psicológico es el más frecuente y reportado, con una tasa de 28.1 por ciento. Este tipo de violencia incluye gritos, humillaciones, amenazas, indiferencia, aislamiento o la llamada “ley del hielo”, acciones que afectan la autoestima, la salud emocional y la calidad de vida de las víctimas.
Las cifras muestran una realidad alarmante. Según estudios mencionados en la publicación, la prevalencia del maltrato en adultos mayores en México pasó de 10.3 por ciento en 2006 a 19.6 por ciento en 2018, mientras que mediciones más recientes señalan que podría alcanzar hasta 32.1 por ciento de este grupo poblacional. Esto significa que, potencialmente, casi uno de cada tres adultos mayores ha enfrentado algún tipo de abuso.
En Yucatán, esta problemática adquiere características particulares debido al peso de las estructuras familiares y a la confianza que muchas personas mayores depositan en hijos, nietos o parientes cercanos para administrar bienes y recursos. El conflicto surge cuando esa confianza se transforma en control, cuando la persona deja de tener acceso a su dinero o cuando se le presiona para entregar propiedades, firmar documentos o ceder decisiones que deberían pertenecerle.
El abuso patrimonial también se relaciona con el despojo de viviendas, terrenos, pensiones o ahorros. De acuerdo con datos citados del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, el despojo patrimonial representa el 26 por ciento de las solicitudes de apoyo recibidas y se ha mantenido como la principal demanda desde 2018. Además, entre 2024 y 2025, el 87 por ciento de los reportes de violencia contra personas mayores ocurrió dentro del hogar, y en el 61 por ciento de los casos de despojo los responsables fueron los propios hijos.
Uno de los mayores obstáculos para atender este problema es el silencio. Muchas personas mayores no denuncian porque dependen económicamente de su agresor, porque temen quedarse solas, porque sienten vergüenza o porque desconocen que lo que viven puede constituir un delito. En otros casos, la violencia se normaliza bajo la idea de que los hijos tienen derecho a administrar los bienes de sus padres o de que la persona mayor ya no está en condiciones de tomar decisiones por sí misma.
Los especialistas señalan que existen grupos con mayor vulnerabilidad, entre ellos mujeres mayores, personas indígenas, personas con discapacidad y quienes padecen algún tipo de demencia, como Alzheimer. En estos casos, el riesgo aumenta porque la víctima puede tener más dificultades para identificar el abuso, resistirse o acudir a las autoridades. La situación se agrava cuando el agresor es, al mismo tiempo, quien se presenta como cuidador principal.
La feminización del envejecimiento también influye en esta problemática. Las mujeres mayores suelen vivir más años y, por lo tanto, pueden enfrentar durante más tiempo situaciones de dependencia, soledad, abandono o violencia patrimonial. Datos citados en la publicación señalan que el grupo que más reporta violencia corresponde a mujeres de entre 60 y 69 años, principalmente por violencia emocional, aunque en muchos casos esta se combina con agresiones patrimoniales, físicas o sexuales.
Frente a este escenario, la prevención requiere educación, sensibilización y denuncia. La sociedad debe dejar de ver la vejez como una etapa de pérdida absoluta de autonomía y reconocer que las personas adultas mayores conservan derechos, voz y capacidad de decisión. También es necesario que las familias comprendan que cuidar no significa controlar, y que apoyar no equivale a apropiarse de bienes o recursos.
En Yucatán, las personas que sospechen de un caso de maltrato pueden acudir al DIF estatal, a la Fiscalía General del Estado o a las áreas especializadas de atención a adultos mayores. También se encuentra disponible la Línea de la Vida, en el número 800 911 2000, para recibir orientación. No obstante, el primer paso suele estar en el entorno cercano: preguntar, escuchar y observar cuando una persona mayor cambia de ánimo, pierde acceso a su dinero, deja de participar en decisiones familiares o comienza a vivir bajo la autorización permanente de otros.
La violencia contra los adultos mayores no siempre grita. A veces se esconde en una firma, en una cuenta bancaria controlada por alguien más, en una casa que dejó de pertenecerles o en una pensión que nunca llega a sus manos. Por eso, visibilizar el abuso económico y patrimonial es fundamental para proteger a quienes, después de una vida de trabajo, merecen vivir su vejez con respeto, libertad y dignidad.
