Editorial La Revista Peninsular
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a
conocer los resultados del Ejercicio de Cuenta Pública 2019, lo que nos
permitió constatar la compleja situación en la cual se encuentran las finanzas
públicas país. El esfuerzo titánico llevado a cabo para fiscalizar a todas las
instituciones que utilizaron recursos federales durante el primer año de
gobierno de López Obrador arrojó múltiples irregularidades, cuyos montos, en
total, ascienden a más de 67 mil millones de pesos. No obstante, el presidente
afirmó tener otros datos, lo cual trae incertidumbre respecto a la veracidad de
este ejercicio tan importante para la administración pública mexicana.
David Colmenares Páramo, titular de la ASF, presentó a
la Cámara de Diputados la tercera entrega del Ejercicio de Cuenta Pública 2019
durante un evento virtual el pasado sábado 20 de febrero. Se fiscalizó a todas
las entidades que ejercieron recursos públicos federales durante en el primer
año del actual gobierno, como a los órganos del poder legislativo, los entes
públicos federales, los estados y los municipios. Además, se indagó sobre la
operación de los megaproyectos y la adquisición de insumos de salud.
Se observó el uso incorrecto de 67 mil 498 millones de
pesos, cantidad superior a la correspondiente al primer año del sexenio de
Enrique Peña Nieto. Utilizar recursos para fines distintos a los establecidos
en los programas sociales, no comprobar erogaciones o la realización de
depósitos a cuentas distintas a las reportadas son algunos de los motivos por
los cuales se señaló la cantidad mencionada y se emitieron 2,606
recomendaciones a los entes auditados. Asimismo, se entablaron 1,804
procedimientos para fincar responsabilidades resarcitorias contra los
servidores públicos que resulten culpables por las irregularidades detectadas.
En relación a los proyectos torales del gobierno
federal, se confirmó que Dos Bocas es económicamente inviable, en el Tren Maya
faltaron por declararse 56 millones de pesos y el costo real del nuevo
aeropuerto sería de casi 332 mil millones de pesos. Sobre este último proyecto,
el ejecutivo había dicho que costaría 100 mil millones de pesos.
Por si no fuese poco, la ASF compartió que la
Secretaría de la Función Pública (SFP) se mostró resistente a los procesos de
fiscalización. Según informó el órgano auditor, la secretaría encargada de
vigilar el control interno gubernamental, evaluar la gestión administrativa e
inspeccionar el gasto público no les permitió a los auditores acceder a las
instalaciones ni al archivo. Aún más, funcionarios de la SFP se rehusaron a
comparecer ante la ASF y negaron información sobre asuntos relevantes.
Ante estas observaciones, el presidente López Obrador
respondió que la ASF exageraba y su información estaba mal ya que “él tenía
otros datos”. También reprochó que difundieran esta información pues sus
adversarios la usaban para atacar a su gobierno, e hizo énfasis en que las cantidades
expuestas relativas al nuevo aeropuerto eran erróneas.
Posteriormente, el secretario de Hacienda y Crédito
Público, Arturo Herrera, reiteró a medios de comunicación que las estimaciones
respecto al aeropuerto eran falsas. Explicó que, después de analizar la
fiscalización de este proyecto, encontró errores en el 75% de la auditoría. El
secretario dijo que esto se trataba de un error básico o un acto de mala fe,
pues las equivocaciones eran propias de contabilidad financiera básica y
extrañas en un instituto experto como lo es la ASF.
La Auditoría Superior cedió a estos señalamientos y
reconoció inconsistencias en su metodología, específicamente en lo relacionado
al aeropuerto pues admitió que el costo la obra era menor a lo presentado.
Comunicó que revisaría a fondo el contendió de la auditoría y en los próximos
días se sabría el monto real.
Parece que el gobierno federal tiene la intención de
desacreditar el Ejercicio de Cuenta Pública 2019 con las presuntas
inconsistencias en la información del aeropuerto, pero no se debe pasar por
alto que esta es una de las más de mil fiscalizaciones hechas a todo el aparato
administrativo. Aún más, la ASF explicó que debía rectificar el costo del
aeropuerto pues era menor a lo presentado, pero todo indica a que seguirá
siendo una cantidad mayor planteada inicialmente por el gobierno.
Este error confeso de la ASF les permitió a
funcionarios poder alegar equivocaciones en las auditorías realizadas a las
entidades o dependencias que encabezan. Si bien, es válido hacer notar errores,
esto debe ser respaldado con datos duros e información veraz, con la misma
rigurosidad con la que presenta su información la Auditoría Superior. De lo
contrario, un ejercicio técnico de seguimiento gubernamental sería relegado a
una batalla de dimes y diretes.
Finalmente, es necesario dimensionar los alcances de
este error pues, de ser cierto, significaría que el secretario de Hacienda está
en lo correcto: se actuó de mala fe o por errores básicos. Independientemente
de cual fuese el caso, correspondería la dimisión de David Colmenares Páramo.
El sábado se dio a conocer la Cuenta Pública 2019 y se
comprobó que la administración de Andrés Manuel López Obrador utilizó
incorrectamente miles de millones de pesos durante su primer año. Ni programas
sociales, ni repartición a entidades ni los megaproyectos estuvieron a salvo de
observaciones; excepto, tal vez, la construcción del nuevo aeropuerto pues se
admitieron errores en la información presentada. Estas inconsistencias abrieron
la puerta para que varios funcionarios aleguen errores contra sus dependencias,
pero prácticamente ninguno ha presentado pruebas al respecto. Los servidores
públicos están en todo su derecho de defenderse ante señalamientos infundados,
por lo que nos corresponde a la sociedad exigir que se mantengan en una
dinámica de corroborar información y no de intercambiar denostaciones, como
exige los procesos de auditoría.
Las siguientes semanas serán determinantes, ya sea
para el futuro del gobierno federal actual o de la ASF.
