La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia, Gloria Elena Arizabaleta Corral, expidió un auto de sustanciación en el que ordena la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro, en medio de una investigación disciplinaria por presunta intervención en política durante la campaña electoral. El documento, fechado el 10 de junio de 2026 y radicado bajo el expediente 7525, señala como falta investigada una “presunta falta gravísima por intervención en política”.
La medida dispone “suspender provisionalmente del ejercicio del cargo” al mandatario hasta el 21 de junio de 2026 a las 4:00 p. m., hora en la que está previsto el cierre de las urnas de la segunda vuelta presidencial. Según el auto, la suspensión tendría carácter inmediato y no procedería recurso contra la orden, aunque se mantienen las garantías de contradicción, defensa y solicitud probatoria dentro del proceso.
La decisión se fundamenta en el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019, que contempla la suspensión provisional durante investigaciones por faltas graves o gravísimas cuando existan elementos que permitan considerar que la permanencia en el cargo puede interferir en la investigación o facilitar la reiteración de la conducta investigada. En el documento, Arizabaleta sostiene que la medida busca preservar la neutralidad de los servidores públicos durante la contienda electoral.
La orden, sin embargo, abrió una controversia jurídica sobre su alcance y validez. El ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó la competencia de la Comisión para adoptar una decisión de ese tipo y afirmó: “Solo el Senado es quien puede hacerlo después de que la plenaria de la Cámara actúe como un ente acusador”. Otros sectores políticos también señalaron que una eventual suspensión presidencial tendría que surtir trámites en la Cámara y en el Senado.
El congresista Alejandro Ocampo, integrante de la Comisión de Acusación y del Pacto Histórico, también puso en duda que exista una decisión formal del organismo y declaró: “No hay ninguna decisión tomada contra el presidente de la República, Gustavo Petro”. Esta posición aumentó la incertidumbre sobre los efectos reales del auto firmado por Arizabaleta y sobre el procedimiento que deberá seguir la investigación.
De concretarse, la suspensión de Petro sería una medida inédita en Colombia contra un presidente en ejercicio. Mientras tanto, el caso queda en el centro del debate institucional y electoral, a pocos días de la segunda vuelta presidencial, en la que el país elegirá al sucesor del actual mandatario.
