La inversión de hasta 128 millones de pesos para remodelar las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Benito Juárez ha abierto un debate público en Cancún sobre las prioridades urbanas del municipio. Aunque el proyecto busca modernizar la infraestructura policial y mejorar las condiciones laborales de los elementos, ciudadanos y algunos integrantes de la corporación han cuestionado el monto destinado a la obra, al considerar que la ciudad enfrenta necesidades urgentes en materia de calles, movilidad, equipamiento y servicios básicos.
La intervención forma parte del llamado Proyecto Titán, que contempla la rehabilitación de la sede central de la corporación, ubicada en la avenida Xcaret con prolongación La Luna, la modernización de la base de la Policía Turística en la Zona Hotelera y la construcción de tres nuevas comisarías. De acuerdo con la información municipal, el objetivo es fortalecer la infraestructura de seguridad pública y dignificar los espacios de trabajo de los agentes, en una ciudad que ha crecido de manera constante y que demanda una mayor capacidad institucional.
Sin embargo, el inicio de los preparativos ya generó molestias entre elementos policiales, debido a que parte de las actividades administrativas y operativas fueron trasladadas temporalmente a la Academia de Policía, en la Región 248. En ese sitio se realizan actualmente trámites internos, entrega de armamento y pases de lista, antes de que los agentes sean enviados a los sectores donde prestan servicio. Un elemento que pidió mantener el anonimato explicó: “Acá ya se concentra todo: lo administrativo, el armamento y el pase de lista diario. De ahí salimos a los servicios que nos corresponden”.
El cambio de sede ha impactado especialmente a policías que dependen del transporte público, pues algunos señalaron que ahora deben tomar dos o hasta tres unidades para llegar a tiempo. La situación se complica porque el pase de lista se realiza a las 6:00 horas, lo que obliga a salir con mayor anticipación y asumir un gasto adicional. Varios elementos coincidieron en que “algunas rutas no salen tan temprano” y que, aun con corridas de madrugada, deben tomar “hasta tres combis”, por lo que el traslado sí les perjudica.
La inconformidad también ha alcanzado a ciudadanos que consideran que, antes de invertir una suma millonaria en un edificio gubernamental, deberían atenderse problemas visibles en distintas colonias de Cancún. Ana María Escobar, habitante de la ciudad, señaló que en Villas Otoch Paraíso existe una calle que quedó a medias y que muchas vialidades presentan condiciones similares, entre inundaciones y baches. “Creo que primero deberían invertir en las calles antes que en un edificio que no es tan viejo”, expresó.
Otros residentes reconocen que las instalaciones policiales requieren mantenimiento, pero sostienen que el fortalecimiento de la seguridad no depende únicamente de la remodelación de inmuebles. Un ciudadano consultado afirmó que, aunque a la corporación “una manita de gato no le caería mal”, preferiría que se contrataran más policías, porque hacen falta elementos en toda la ciudad. Esta postura refleja una preocupación común: que la inversión pública responda no solo a la imagen institucional, sino también a las necesidades operativas y sociales más urgentes.
El edificio central de la corporación tiene más de dos décadas de funcionamiento y, según testimonios de policías con varios años de servicio, ha presentado problemas estructurales desde hace tiempo. Entre los antecedentes mencionados se encuentra el colapso de una parte del techo tras el paso del huracán Wilma, en 2005, hecho que provocó cuestionamientos sobre la calidad de la construcción y la resistencia de sus instalaciones.
Mientras algunos ven en el Proyecto Titán una oportunidad para modernizar la seguridad pública de Cancún, otros consideran que los recursos deberían orientarse a equipamiento, movilidad, mejores condiciones laborales y atención a colonias con rezagos acumulados. La discusión, más allá del edificio policial, exhibe una tensión de fondo: cómo equilibrar la inversión en seguridad con las demandas urbanas de una ciudad que crece aceleradamente y donde la ciudadanía exige resultados tanto en vigilancia como en infraestructura básica.
