Especial / La Revista
Con 72 años y una exitosa carrera que lo llevó a portar las cuatro estrellas de secretario de Defensa de México, el general Salvador Cienfuegos Zepeda ya era un militar en retiro desde hace un par de años.
El jueves 15 de octubre pasado viajó acompañado de su familia a Estados Unidos, pero al arribar al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles fue detenido por petición de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Fue un hecho inédito: por primera vez un militar mexicano de tan alto rango era arrestado por las autoridades estadounidenses.
El Departamento de Justicia de EE.UU. informó que Cienfuegos Zepeda, identificado como “El Padrino”, enfrenta cuatro cargos relacionados con el tráfico de drogas.
A su vez, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó que, tras una audiencia inicial en California, se espera que Cienfuegos sea trasladado para un posible juicio en Nueva York, donde recientemente fue condenado Joaquín “el Chapo” Guzmán.
Y es que la noticia ha sacudido a todo México, país que ha visto acusaciones contra altos funcionarios de tres gobiernos anteriores (2000-2018). Hasta ahora solo se había producido la detención y acusación del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. Pero un posible juicio a Cienfuegos Zepeda estaría un peldaño más arriba.
“Nunca había pasado que detuvieron a un secretario de la Defensa Nacional y menos en un país extranjero. Y es más notable porque el ejército, dentro del país, siempre había sido intocable”, señaló el analista en seguridad César Gutiérrez a medios internacionales que han dado puntual seguimiento a este hecho.
El también experto en derecho militar había adelantado, en una columna periodística, que tenía información de que habría detenciones de funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
“No había una investigación. Salvo notas periodísticas de malos manejos, no se hablaba de narcotráfico. Fueron a los tres días que hice la publicación. Y hasta yo me quedé sorprendido de que fueran a ese nivel. Yo considero que es la detención más importante en toda la historia de la DEA”, añade García.
De igual forma, la agencia Apro consigna en su semanario Proceso que, con la detención del general de división Salvador Cienfuegos Zepeda por parte de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) se rompe uno de los mitos reiterados del actual gobierno sobre el Ejército: los militares sí se corrompen y afectan a la institución a la que pertenecen, dañando sus atributos constitucionales y al país.
Con un débil razonamiento presidencial (16 de octubre) se pretende aislar (“encapsular” sería el término de moda) el arresto de Cienfuegos como muestra de la “degradación del régimen neoliberal” y marcar una diferencia temporal y cualitativa que no existe en términos objetivos, más que en el discurso manipulador del gobierno.
De hecho, el titubeante control de daños iniciado desde la noche del 15 de octubre por el estrecho círculo de confianza del presidente, lo único que puede lograr –sin proponérselo, claro está– es dañar aún más a la institución militar.
En la historia del involucramiento militar de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en México ha habido procesos judiciales y señalamientos contra altos mandos militares e incluso acusaciones de esta complicidad que apuntaron a titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina Armada de México (Semar), general Juan Arévalo Gardoqui y almirante Mauricio Scheleske Sánchez, respectivamente.
Sobre este último debe recordarse que estuvo al frente de la Semar en los dos primeros años del sexenio salinista y que su salida estuvo marcada por la sombra del narco y de las reglas no escritas del sistema político que, por cierto, sigue observando el actual gobierno.
Sin embargo, la detención de Cienfuegos, ya como ex funcionario militar en un cargo máximo de responsabilidad (en el “retiro”) por una autoridad policial de otro país, ejerciendo su competencia territorial, no tiene parangón ni referente.
De ahí la trascendencia del hecho que debería prender los focos rojos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de apreciar de modo estratégico e integral sus implicaciones y probables consecuencias para su administración, e incluso su concepción de seguridad para el país.
Mal tino el del presidente al poner a Cienfuegos en la misma tesitura del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Los elementos de coincidencia (arresto en territorio norteamericano, investigación de la DEA, vínculos con el narcotráfico, judicialización en una Corte del Estado de Nueva York, etcétera), si bien le han servido a su retórica de cacería de brujas, el trazar el mismo tratamiento (dar de baja o expulsar de sus filas a todo lo que huela a Cienfuegos) le hará daño al Ejército, máxime si lo hace en forma ilegal y por consigna burocrática, como purgó a lo que quedó de la extinta Policía Federal y pasó a la militarizada Guardia Nacional.
Es un despropósito despojar a Cienfuegos de su naturaleza y alto rango militar y empezar a señalarlo, en su carácter individual, de “persona-delincuente”, a efecto de deslindar a la Sedena del descrédito y de la gravedad de los probables hechos criminales que se le imputan.
Se está recurriendo al viejo cliché de que quienes fallan son los individuos, no las instituciones, cuando el punto central es que la responsabilidad objetiva y legal recae siempre sobre individuos.
Es ingenuo pensar que aquello de lo que se le involucre y confirme a Cienfuegos no tendrá un impacto institucional. De ahí que también se pone en juego el acuerdo político-militar que López Obrador ha establecido con el actual titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, a quien designó bajo los usos y costumbres del degradado antiguo régimen (conocimiento personal previo cuando fue jefe de Zona Militar, igual que lo hizo Peña Nieto con Cienfuegos).
Del mismo modo, y no menos importante, se puede argumentar lo relacionado con los mandos castrenses en cada institución a lo largo de un sexenio. No se debe simplificar su existencia como “ejércitos sexenales” o pertenecientes a cierta herencia política.
El gobierno comete el error de no diferenciar que las rivalidades internas de cada organización castrense, que se expresan por grados, por generación, por pertenencia de armas y/o por subestructuras orgánicas, etcétera, desaparecen cuando se han definido los cuadros dominantes al inicio de una administración sexenal. El espíritu de cuerpo institucional es claro, independientemente que persigan objetivos políticos y/o económicos ajenos a su función constitucional (ese es otro debate).
El populismo militarista es el actual rostro de lo que hasta hace menos de una década era sólo la conservación y, si acaso, expansión gradual de prerrogativas y privilegios castrenses a cambio de plegarse a los caprichos del presidencialismo en turno, cuidándose de ciertos excesos (de ahí que exigieran “por escrito” ciertas órdenes presidenciales).
La crisis de inseguridad, la creciente violencia y el fracaso en el combate al narcotráfico y el crimen organizado en los últimos 20 años fueron el contexto para consolidar espacios de autonomía en el Ejército y la Marina, cuyo objetivo estaba trazándose desde el sexenio foxista en el contexto de la lucha antinarco.
Esto es visible en los cambios constitucionales y legales que hicieron posible que los militares adquiriesen carta blanca en las funciones (civiles) de seguridad pública: se les dejó fuera de la regulación de actividades de inteligencia en la Ley de Seguridad Nacional (2005); en la reforma fallida de dicha ley (2008-2011) se ampliaban sus atribuciones, mismas que lograron con exceso en el sexenio de Peña Nieto con la Ley de Seguridad Interior (2017-2018)… y con Andrés Manuel López Obrador lograron su coronación como guardia pretoriana de un régimen que los enaltece con poder político, recursos sin control… y armas (con un marco legal autoritario y rasgos fascistoides).
Las diferencias entre Cienfuegos y Cresencio Sandoval son sólo de forma en cuanto a su nivel protagónico, pero son idénticos en cuanto a la esencia de sus objetivos identitarios respecto de su origen castrense y de largo plazo en cuanto a su institución.
Esto queda claro en las expresiones públicas del actual titular de la Sedena (entrevista, Excélsior, 6 de julio; discurso ante el presidente el domingo 11 de octubre), igual que en sus omisiones (carta aclaratoria, 14 de octubre, que un subalterno envía a la redacción de El Financiero para refutar el contenido de la columna del periodista Raymundo Riva Palacio sobre la desnaturalización del Ejército). La homogeneidad institucional corre el riesgo de fracturarse con una purga a lo López Obrador.
Haber involucrado al Ejército y a la Marina en tareas que no les son connaturales a sus funciones y orígenes constitucionales, ha expuesto a sus integrantes al poder corruptor de los ámbitos en los cuales han incursionado, del narcotráfico a las componendas y comisiones por adquisiciones o contratos en obras de infraestructura (civil), etcétera.
La detención de Cienfuegos difícilmente oculta el alcance del debilitamiento institucional y debiera obligar al presidente a ponderar el peligro de otorgar más poder a los militares: en los próximos días se concluirá la aniquilación de la Marina Mercante mexicana para favorecer al almirantazgo de la Semar; la Sedena pugna por imponer, guerra sucia de por medio, a uno de los suyos como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (ante las ambiciones políticas de su actual titular), lo que contravendría el acuerdo de la reforma constitucional del año pasado; en tanto que la Guardia Nacional consolida su dependencia militar, mientras que la política de seguridad del país sigue sin hacerse presente y menos eficiente.
Tal vez habría de conceder algo de razón al argumento presidencial, el Ejército actual es otro, pero no el que supone y en el que cree López Obrador.
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QUIÉN ES SALVADOR CIENFUEGOS ZEPEDA
Nacido el 14 de junio de 1948 en Ciudad de México, Cienfuegos Zepeda ocupó varios de los principales cargos militares en el país y recibió las más altas condecoraciones.
Inició su carrera militar en 1964, a sus 16 años, en el Heroico Colegio Militar donde hizo los cursos para ser oficial. Complementó su carrera en la Escuela Superior de Guerra y el Colegio de la Defensa Nacional.
Sus ascensos lo llevaron a comandar un batallón de infantería, así como cinco regiones militares. También fue director del Colegio Militar, inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea y oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Entre sus condecoraciones destacan las de la Legión de Honor, la de Perseverancia Extraordinaria, Servicios Distinguidos y Mérito Docente, las cuales se conceden a altos jefes militares.
Cuando el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) llegó al poder, lo eligió para ocupar el cargo de general secretario de la Sedena, el máximo al que aspira un militar en México.
