La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha interpuesto una demanda contra la administración del presidente Donald Trump, alegando que los migrantes trasladados a la base naval de Guantánamo en Cuba están siendo retenidos sin acceso a abogados, familiares o comunicación con el exterior. La demanda, presentada en un tribunal federal de Washington D.C., busca obtener acceso inmediato para los abogados a través de videollamadas y llamadas telefónicas, seguido de visitas en persona.
Según la ACLU, esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos que el gobierno detiene a no ciudadanos por cargos de inmigración civil en Guantánamo. La organización sostiene que los migrantes han “desaparecido efectivamente en una caja negra y no pueden contactar o comunicarse con su familia o abogados”.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha afirmado que los migrantes detenidos en Guantánamo tienen acceso a teléfonos para comunicarse con sus abogados. Sin embargo, la ACLU y otras organizaciones de derechos civiles argumentan que estos detenidos están siendo mantenidos incomunicados, sin acceso a asesoría legal ni contacto con el mundo exterior.
La demanda incluye a familiares de tres hombres venezolanos que fueron trasladados a Guantánamo desde centros de detención en Texas. Una de las demandantes, Angela Carolina Sequera, afirmó que su hijo, Yoiker David Sequera, solicitó asilo en Estados Unidos en septiembre de 2024, pero en enero se ordenó su deportación. La última vez que habló con él fue el 8 de febrero, cuando estaba detenido en El Paso, Texas. Posteriormente, le informaron que su hijo había sido transferido a Guantánamo.
La administración Trump ha anunciado planes para enviar a unos 30,000 no ciudadanos a Guantánamo, con el objetivo de aliviar la presión sobre las instalaciones de ICE en el territorio continental. Los vuelos de transporte de migrantes a Guantánamo comenzaron la semana pasada, y hasta la fecha, alrededor de 80 migrantes han sido trasladados a la base, incluyendo a 50 “individuos de alta prioridad”.
La ACLU sostiene que el gobierno no puede anular los derechos que los migrantes tenían en el territorio continental al trasladarlos a una instalación controlada por Estados Unidos en Cuba. “Enviar inmigrantes desde Estados Unidos a Guantánamo y mantenerlos incomunicados sin acceso a abogados o al mundo exterior no puede reconciliarse con las leyes o principios de nuestro país”, afirmó Lee Gelernt, abogado de la ACLU.
