América Latina ha experimentado en 2024 un notable incremento en la violencia y el crimen organizado, factores que han debilitado la confianza de la ciudadanía en la democracia. Según datos recientes, la región concentra un tercio de los homicidios mundiales, a pesar de representar solo una décima parte de la población global.
Esta inseguridad ha erosionado la percepción pública sobre la eficacia de los sistemas democráticos. Estudios indican que, mientras en 2017 el 56% de la población consideraba la democracia como la mejor forma de gobierno, en 2023 este porcentaje descendió al 48%. Paralelamente, la confianza en sistemas autoritarios ha aumentado del 12% al 17% en el mismo periodo.
El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, ha señalado que “los ciudadanos no perciben los beneficios tangibles de la democracia”, refiriéndose a la incapacidad de los gobiernos democráticos para garantizar seguridad y bienestar.
El crimen organizado ha evolucionado, ofreciendo servicios sociales en algunas comunidades y suplantando funciones estatales, lo que incrementa su influencia y aceptación entre la población. Esta situación ha llevado a millones de personas a abandonar sus países, exacerbando la crisis migratoria en la región.
La violencia también tiene un impacto económico significativo, restando aproximadamente un 3,5% al PIB regional. Expertos destacan la necesidad de una colaboración hemisférica para combatir estas redes criminales y fortalecer las instituciones democráticas.
En este contexto, es esencial que los gobiernos latinoamericanos implementen políticas públicas efectivas que aborden la inseguridad y fortalezcan la confianza en la democracia, garantizando así la estabilidad y el desarrollo de la región.
