Por: Eduardo Ruíz-Healy
Ayer fue el Día Internacional de las Víctimas de
Desapariciones Forzadas y México es uno de los países en donde hay más
desaparecidos.
95,637 personas desaparecieron entre enero de 2007 y agosto
de 2023, según el Departamento de Investigación de Statista.com, que usó datos
de la Secretaría de Gobernación.
Durante ese periodo, la dependencia estuvo encabezada por
los panistas Francisco Ramírez Acuña (2006-2008), Juan Camilo Mouriño (2008),
Fernando Gómez-Mont (2008-2010), Francisco Blake (2010-2011) y Alejandro Poiré
(2011-2012), los priistas Miguel Ángel Osorio (2012-2018) y Alfonso Navarrete
(2018), y los morenistas Olga Sánchez Cordero (2018-2021), Adán Augusto López
(2021-2023) y Luisa María Alcalde (desde el 19 de junio pasado).
Todos, en cierta medida, tienen responsabilidad por no
resolver el problema de las desapariciones ocurridas durante su respectiva
gestión.
Según datos oficiales, más de 100,000 personas han
desaparecido en México desde 1964. La mayoría de estas desapariciones tuvieron
lugar después de que Calderón, buscando ganar popularidad tras su estrecha
victoria sobre Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales de
julio de 2006, lanzó su sangrienta e injustificada guerra contra las drogas y
el crimen organizado en diciembre de ese año. Ni Calderón ni Peña Nieto
lograron ganar la guerra y disminuir el número de desapariciones, y Andrés
Manuel tampoco ha conseguido hacerlo.
Las causas de las desapariciones varían de un país a otro,
pero en México, las más comunes son: 1) la violencia generada por guerras,
terrorismo o crimen organizado; 2) la trata de personas, que obliga a de
hombres, mujeres, jóvenes y niños a realizar trabajos forzados o prostituirse;
3) las desapariciones orquestadas por el gobierno contra individuos vistos como
amenazas.
Es innegable que la mayoría de las personas desaparecidas en
México han sido víctimas del crimen organizado. Muchos nunca regresaron
probablemente por estar involucrados en actividades criminales, siendo
secuestrados y asesinados por bandas rivales y sus cadáveres echados al mar,
enterrados en algún lugar o disueltos en ácido. Otros cayeron en manos de
organizaciones de trata afiliadas a los principales cárteles de droga, como el
de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana y otras menos
poderosas. Un grupo más pequeño, como los 43 estudiantes de Iguala, Guerrero,
desaparecidos en 2014, fueron víctimas de funcionarios y policías en colusión
con el crimen organizado y fuerzas militares.
A pesar de la seriedad del problema, tanto el gobierno
federal como los estatales han dedicado escasos recursos para la localización
de estas personas, cuyas desapariciones seguramente han sido una experiencia
traumática y devastadora para sus familias. Parece que, para AMLO, los
gobernadores y demás responsables de resolver el problema les basta con
enviarles un abrazo solidario a estos familiares. Por ello, en diversos lugares
del país vemos a hombres, mujeres, jóvenes y hasta niños, armados de picos y
palas, buscando a sus seres queridos en basureros, cementerios y lugares
remotos e inhóspitos.
Ojalá que la próxima presidenta de México asuma totalmente
su responsabilidad y logre lo que no pudieron sus tres antecesores en el cargo.
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