Las autoridades de inmigración de los Estados Unidos detuvieron al comentarista británico Sami Hamdi después de revocar su visa y colocarlo bajo custodia de la agencia U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) al momento de su arribo al aeropuerto internacional de San Francisco, como parte de una gira de conferencias que realizaba en territorio estadounidense.
Según una vocera del U.S. Department of Homeland Security (DHS), Tricia McLaughlin, el comentarista fue detenido porque “su visa fue revocada y está bajo custodia de ICE pendiente de remoción”. Por su parte, en su mensaje en la red social X, McLaughlin sostuvo que “bajo el presidente Trump, aquellos que apoyan el terrorismo y socavan la seguridad nacional estadounidense no podrán trabajar o visitar este país”.
El evento que precedió su detención tuvo lugar durante un acto organizado por la Council on American‑Islamic Relations (CAIR) en Sacramento, California, y Hamdi estaba programado para participar al día siguiente en otro acto de la misma organización en Florida. La organización CAIR calificó la detención como “un flagrante atentado contra la libertad de expresión” y consideró que el único “delito” de Hamdi fue criticar al gobierno israelí.
En sus antecedentes, Sami Hamdi es comentarista político y periodista británico, reconocido por sus análisis sobre Oriente Medio y su participación en medios de comunicación. Su detención coincide con una política más amplia de la administración estadounidense de control migratorio y revocación de visados a personas consideradas como amenazas a la seguridad nacional o por expresiones públicas críticas del estado de Israel.
Aunque las autoridades no han divulgado todos los motivos específicos de su detención, el hecho de que la visa le fuera revocada y el proceder de la ICE han generado cuestionamientos en círculos de derechos civiles y libertades de expresión, particularmente por el componente que vincula opiniones políticas con acciones migratorias.
Estados Unidos ahora enfrenta la presión de la diplomacia británica y de organismos de defensa de los derechos humanos para que Hamdi reciba un trato conforme a los principios legales y de transparencia. En paralelo, la organización CAIR anunció que sus abogados “y socios están trabajando para abordar esta injusticia”.
