Hace apenas once días, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, protagonizó una de las crisis políticas más significativas de su mandato al intentar imponer un mandato militar en el país, algo que no ocurría desde hace 45 años. La medida, que duró solo unas horas, fue una respuesta de Yoon a la oposición política que obstruía su agenda en el Parlamento. Sin embargo, este audaz intento por consolidar su poder terminó en un revés rotundo, ya que el presidente fue destituido por la Asamblea Nacional en una votación celebrada el pasado sábado, un golpe severo a su ya deteriorada popularidad.
La declaración de ley marcial, que inicialmente pareció un acto de desesperación frente a la parálisis política, sumió al país en un caos democrático, desatando protestas masivas en las calles y una creciente indignación pública. Las protestas, que inicialmente exigían la destitución de Yoon, se transformaron en celebraciones cuando se conoció el resultado de la votación: 204 votos a favor de la destitución y 85 en contra. El clima festivo en las calles de Seúl contrastaba con la creciente tensión política y el peligro de una mayor polarización en el país.
Durante su breve intento de tomar el control, Yoon Suk Yeol envió tropas a la Asamblea Nacional para evitar que los legisladores votaran en su contra. Sin embargo, la intervención militar fue detenida por la presión de la ciudadanía y ayudantes parlamentarios, que ganaron tiempo para que los legisladores pudieran reunirse y votar. El episodio recordó a muchos surcoreanos los oscuros días de la dictadura militar que sufrió el país décadas atrás.
Tras la votación, Yoon, quien había sido elegido en 2022 bajo una plataforma conservadora, prometió luchar por recuperar su poder en los tribunales, mientras la fiscalía y la policía lo investigan por posibles cargos de insurrección. Esta situación deja a Yoon en una difícil posición, enfrentando la posibilidad de convertirse en el primer presidente surcoreano en ser destituido antes de completar su mandato. En la actualidad, el Tribunal Constitucional decidirá en los próximos seis meses si Yoon será restituido o si su destitución se hará definitiva. En caso de ser destituido, Corea del Sur tendría que convocar a nuevas elecciones en un plazo de dos meses.
El primer ministro, Han Duck-soo, quien asumió el cargo de presidente interino, ha tratado de calmar la situación, pero su poder político es limitado, ya que no es un funcionario electo. Durante este período, Corea del Sur enfrenta desafíos internos, como la creciente amenaza nuclear de Corea del Norte, y externos, como las tensiones internacionales con Estados Unidos y Japón.
La destitución de Yoon es el clímax de un mandato lleno de escándalos y polarización. La opinión pública se ha visto marcada por la controversia en torno a su esposa, Kim Keon Hee, y su implicación en escándalos de corrupción. Además, las protestas y las acusaciones de insurrección en su contra han puesto de relieve la creciente desconexión entre el presidente y el pueblo surcoreano. La popularidad de Yoon ha caído a un mínimo histórico del 11%, según una reciente encuesta de Gallup Korea.
El Partido Democrático, principal fuerza opositora, celebró la votación como una victoria para la democracia surcoreana, aunque advirtió que el trabajo no ha terminado y que aún quedan desafíos por superar. Mientras tanto, el futuro político de Yoon permanece incierto, con la posibilidad de que sea acusado de insurrección, un delito castigable con pena de muerte o cadena perpetua según la legislación surcoreana.
El desenlace de este conflicto político se mantiene abierto, pero lo que está claro es que la breve pero turbulenta presidencia de Yoon Suk Yeol ha dejado una huella profunda en la política de Corea del Sur y ha reavivado los temores sobre el retorno de prácticas autoritarias en el país.
