En una de las acciones más contundentes de su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha iniciado una operación de deportación que la Casa Blanca describe como “la mayor en la historia” de Estados Unidos. A pocos días de asumir nuevamente la presidencia, las autoridades arrestaron a 538 migrantes en situación irregular y deportaron a cientos de ellos en aviones militares.
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, anunció en la red social X que “la mayor operación masiva de deportación en la historia está en marcha. Promesas hechas. Promesas cumplidas”. Leavitt añadió que los vuelos de deportación han comenzado y que “el presidente Trump está enviando un mensaje fuerte y claro al mundo entero: si ingresas ilegalmente a Estados Unidos, enfrentarás severas consecuencias”.
Según informes, un avión militar despegó del aeródromo Biggs en El Paso, Texas, con destino a Guatemala, transportando entre 75 y 80 migrantes. Esta acción forma parte de una serie de medidas ejecutivas firmadas por Trump tras declarar el estado de emergencia nacional en la frontera con México.
Durante su campaña, Trump prometió una ofensiva contra la migración irregular, describiendo a los migrantes como “salvajes”, “animales” o “criminales”. Estas declaraciones han generado críticas de organizaciones de derechos humanos y líderes locales. Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, recordó que, aunque los países tienen derecho a ejercer su jurisdicción en sus fronteras, “el derecho a buscar asilo es un derecho humano universalmente reconocido”.
En Newark, Nueva Jersey, el alcalde Ras Baraka denunció que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realizaron redadas sin órdenes judiciales, deteniendo tanto a residentes indocumentados como a ciudadanos estadounidenses, incluyendo a un veterano del ejército. Baraka calificó estas acciones como “atroces” y una “violación flagrante” de la Constitución de Estados Unidos.
Además de las deportaciones, la administración Trump ha restablecido el programa “Quédate en México”, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras se procesa su petición. También se ha suspendido un programa implementado por el expresidente Joe Biden que ofrecía vías legales para la solicitud de asilo a personas que huyen de la violencia y la persecución política en América Central y del Sur.
Estas medidas han generado un intenso debate en Estados Unidos sobre la política migratoria y el respeto a los derechos humanos. Mientras la administración Trump defiende sus acciones como necesarias para proteger la seguridad nacional, críticos argumentan que estas políticas son inhumanas y violan principios fundamentales de justicia y compasión.
