El gobierno de Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, ha deportado a más de 200 venezolanos a El Salvador, alegando que son presuntos miembros de la organización criminal Tren de Aragua. Estas deportaciones se realizaron invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una legislación históricamente utilizada en tiempos de guerra para expulsar a ciudadanos de naciones enemigas sin necesidad de audiencias previas.
Los deportados fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, una prisión de máxima seguridad conocida por sus estrictas condiciones. El gobierno salvadoreño, encabezado por el presidente Nayib Bukele, acordó recibir a estos individuos a cambio de una compensación económica de 6 millones de dólares por parte de Estados Unidos.
Estas acciones han generado críticas tanto a nivel nacional como internacional. Un juez federal en Washington, James Boasberg, emitió una orden temporal para detener las deportaciones, argumentando que los deportados no tuvieron la oportunidad de impugnar las acusaciones en su contra. Sin embargo, la administración Trump continuó con las deportaciones, sosteniendo que la orden del juez no tenía autoridad para detenerlas.
Familiares y abogados de los deportados han cuestionado las acusaciones de afiliación al Tren de Aragua. Señalan que muchos de los deportados no tienen antecedentes penales y que las supuestas pruebas, como ciertos tatuajes, son insuficientes para vincularlos con actividades delictivas. Por ejemplo, se ha mencionado el caso de un joven venezolano deportado debido a un tatuaje que, según su hermana, no tiene relación con ninguna pandilla.
El gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, ha calificado estas deportaciones como un “secuestro” y ha negado cualquier vínculo entre los deportados y el Tren de Aragua. Además, ha contratado abogados para representar a los familiares de los venezolanos encarcelados y ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador evaluar la legalidad de estas detenciones.
Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar estas deportaciones, argumentando que esta legislación es obsoleta y que su aplicación en este contexto viola los derechos fundamentales de los individuos afectados. Además, han señalado que las condiciones en el CECOT son severas y que los deportados enfrentan un futuro incierto sin acceso adecuado a representación legal.
