Empresarios asociados a la Cámara
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO SERVYTUR) de Mérida se
reunieron con Magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado,
para plantear algunas circunstancias y dudas respecto a la implementación y
aplicación de la justicia.
El presidente de la CANACO Mérida,
Juan José Abraham Daguer, ante la presencia del Magistrado Presidente, Marco
Celis Quintal, así como de ocho Magistrados más, explicó que entre los
asociados de esta cámara existe cierta inconformidad con respecto a la
aplicación de sanciones a quienes cometen robo a casa habitación, pues
consideran que no se impone una pena correcta, además de que no hay prisión
preventiva para esas personas.
De hecho, dijo, entre el sector
empresarial se tiene la idea de que con la nueva implementación de justicia no
se ha inhibido el delito de robo a casa habitación, pues se tienen estadísticas
que indican que se incrementó entre 10 y 15 por ciento.
Abraham Daguer señaló que otro tema en
que los asociados a CANACO Mérida manifiestan ciertas imprecisiones es acerca
de los procesos civiles y mercantiles, donde muchas veces sienten que no se
tiene una correcta aplicación de la Ley.
El Magistrado presidente del TSJ de
Yucatán, Marco Celis Quintal, señaló que en el tema de la prisión es la propia
Constitución del país la que establece cuáles delitos son los que oficiosamente
ameritan esa medida, en tanto se lleva a cabo el proceso penal que derivará en
un fallo de inocencia o culpabilidad y en este último caso es cuando el
indiciado pagará la pena correspondiente.
Y aclaró que aun cuando un delito sea
considerado grave, la ley no permite a los jueces aplicar una medida cautelar
de prisión preventiva si la parte que investiga, la Fiscalía General del
Estado, no acredita una serie de circunstancias que la justifican.
La Fiscalía tiene que acreditar ante
el juez si una persona que ha sido detenida en flagrancia es reincidente, para
que se analice si debe ser sometido a la medida cautelar de prisión preventiva,
apuntó.
“Nuestra función es reprimir el
delito, pero no podemos hacerlo arbitrariamente, la culpabilidad tiene que
acreditarse con elementos que nos traiga el investigador”, subrayó.
Celis Quintal reiteró a los
empresarios de CANACO Mérida que en el Poder Judicial tienen el compromiso de
combatir el delito, conforme a la Ley.
Respecto al tema de procesos civiles y
mercantiles, subrayó que los jueces también están obligados a servir a los
ciudadanos, pero siempre con base en la ley, en el respeto a los derechos
humanos y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por último, se propuso realizar mesas
de trabajo y capacitación con el sector empresarial para el mejor entendimiento
de los procesos de justicia en la entidad.
