El 5 de febrero de 2025, representantes empresariales y sindicales de México unieron fuerzas para expresar su rechazo a la reforma propuesta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). En una conferencia de prensa, Juan José Sierra, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), y Rodolfo González Guzmán, secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), señalaron que la reforma amenaza con desmantelar el modelo tripartito que ha caracterizado al Infonavit desde su creación.
Principales preocupaciones de la reforma:
1. Alteración del modelo tripartito:La reforma propone que el Director General del Infonavit presida la Asamblea General y el Consejo de Administración, lo que, según los líderes empresariales y sindicales, rompe con el equilibrio entre trabajadores, empleadores y el gobierno.
2. Supervisión financiera insuficiente:Se enfatizó la necesidad de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) supervisen integralmente las operaciones del Infonavit, no solo su actividad crediticia. Actualmente, estas supervisiones son potestativas, pero se propone que sean obligatorias para garantizar una gestión transparente y eficiente.
3. Definición ambigua del régimen fiscal y legal:Los representantes destacaron la importancia de clarificar el régimen fiscal y legal del Infonavit, así como su participación accionaria. Propusieron que los estatutos sociales sean aprobados tanto por el Consejo de Administración como por la Asamblea General para asegurar una gobernanza adecuada.
4. Ratificación de consejeros:Se sugirió que los integrantes del Consejo de Administración sean ratificados por la Asamblea General y que su composición mantenga la estructura tripartita y paritaria, fortaleciendo así la transparencia en la operación de cualquier empresa constructora filial del Infonavit.
A pesar de múltiples reuniones con la Secretaría de Gobernación, el director del Infonavit y la Consejería Jurídica, los líderes empresariales y sindicales lamentaron que sus recomendaciones no hayan sido consideradas en la reforma aprobada por la Cámara de Diputados. Ante esta situación, no descartan la posibilidad de movilizaciones y la presentación de quejas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), argumentando que la reforma vulnera el principio de tripartismo y podría poner en riesgo la adecuada supervisión de los recursos del Infonavit, que ascienden a aproximadamente 800,000 millones de pesos, de los cuales se estima que 300,000 millones se destinarán a la construcción de vivienda.
Esta alianza entre empresarios y trabajadores refleja una preocupación compartida por el futuro del Infonavit y la gestión de los recursos destinados a la vivienda de los trabajadores mexicanos. Ambas partes hacen un llamado al Poder Ejecutivo y al Legislativo para reconsiderar la reforma y garantizar que cualquier cambio fortalezca, en lugar de debilitar, la institución y el bienestar de los trabajadores.
