Estados Unidos ha ejecutado al menos 17 ataques contra embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y del Pacífico desde el 2 de septiembre de 2025, en una campaña militar que ya ha dejado 67 muertos. Las autoridades estadounidenses alegan que las embarcaciones estaban vinculadas al narcotráfico y a organizaciones consideradas terroristas, aunque hasta el momento no se han presentado pruebas concluyentes que respalden tales afirmaciones.
El presidente Donald Trump declaró que las acciones forman parte de un esfuerzo por frenar el tráfico de drogas hacia su país. “Que esto sirva de advertencia para cualquiera que piense en traer drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO!”, escribió en Truth Social el día del primer ataque.
En varios de estos operativos, funcionarios estadounidenses como el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio han reiterado que las embarcaciones atacadas estaban “afiliadas a organizaciones terroristas designadas”, aunque no siempre han identificado a dichas organizaciones. En uno de los ataques más recientes, Hegseth aseguró que “la embarcación estaba involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico”.
Los gobiernos de Venezuela y Colombia han respondido con duras críticas. El presidente Nicolás Maduro calificó los ataques como “ejecuciones seriales” y solicitó a la ONU abrir una investigación. Por su parte, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, afirmó que se trata de “una guerra no declarada”. El presidente colombiano Gustavo Petro declaró: “Siempre estaré en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe”.
La ofensiva ha incluido ataques múltiples y letales. El 27 de octubre se registró el primer operativo simultáneo contra cuatro embarcaciones, que resultó en la muerte de 14 personas. Según el Pentágono, estas operaciones se enmarcan en un “conflicto armado” con cárteles designados como organizaciones terroristas por el Gobierno de Trump. Esta postura ha sido criticada por diversos sectores, incluso dentro del propio espectro conservador estadounidense.
Uno de los ataques más controvertidos tuvo lugar el 16 de octubre, cuando dos sobrevivientes —uno de Ecuador y otro de Colombia— fueron repatriados. Según declaraciones oficiales, uno de ellos, Jeison Obando Pérez, llegó a Colombia “con trauma cerebral, sedado, drogado, respirando con un ventilador”, de acuerdo con el ministro del Interior Armando Benedetti. En cuanto al ciudadano ecuatoriano, Andrés Fernando Tufiño Chila, su hermana negó que fuera un criminal: “No, no… Él no es. Él no es un criminal”, afirmó en declaraciones a CNN.
Las tensiones han alcanzado niveles diplomáticos preocupantes. Tras acusaciones de que un ciudadano colombiano inocente fue asesinado en uno de los ataques, Trump anunció la cancelación de subsidios y pagos estadounidenses a Colombia.
Hasta el 4 de noviembre, los ataques sumaban un total de 67 fallecidos, 17 embarcaciones destruidas y un creciente deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y varios países latinoamericanos. A pesar de la magnitud de la ofensiva, el Congreso de EE.UU. no ha declarado formalmente un estado de guerra, lo que ha generado cuestionamientos legales y éticos sobre el alcance y la legalidad de estas acciones militares.
Mientras Washington insiste en que las acciones buscan frenar el narcotráfico, gobiernos como el de Venezuela aseguran que el objetivo real es un cambio de régimen. La comunidad internacional observa con creciente preocupación una escalada que amenaza con desestabilizar aún más la región.
