Estados Unidos impuso sanciones contra el Cártel de Sinaloa, apuntando en particular a la facción conocida como “Los Chapitos”, por su presunta implicación en el tráfico de fentanilo. Según el Departamento del Tesoro de aquel país, las medidas incluyen el congelamiento de activos, la prohibición de transacciones con ciudadanos estadounidenses y la designación de los implicados bajo autoridad antinarcóticos y antiterrorismo.
El gobierno estadounidense sostiene que “Los Chapitos es una poderosa facción del Cártel de Sinaloa que lidera el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos” (declaración del secretario del Tesoro) y que dichas acciones son parte de un esfuerzo por “eliminar por completo a los cárteles y enfrentar la crisis del fentanilo”.
Entre los sancionados aparecen dos hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, quienes habrían liderado operaciones ilícitas vinculadas con producción y transporte de fentanilo. Además, se sancionaron redes de asociados regionales y distintas empresas mexicanas que, según la contraparte estadounidense, funcionaban como fachada para las actividades delictivas.
Este movimiento se inscribe en una estrategia más amplia del gobierno de EE. UU. para combatir el narcotráfico transfronterizo. En febrero de 2025, Washington ya había declarado al Cártel de Sinaloa como una organización terrorista extranjera, medida que luego se extendió para incluir facciones específicas y figuras del crimen organizado.
La designación de “terroristas” tiene implicaciones legales mayores, pues permite enfatizar el enfoque en seguridad nacional frente al narcotráfico, además de reforzar herramientas financieras para cortar redes de lavado de dinero.
En México, la sanción se percibe como una presión externa sobre el gobierno para endurecer sus acciones contra los cárteles. Al mismo tiempo, el Cártel de Sinaloa enfrenta una disputa interna entre “Los Chapitos” y otra facción llamada “La Mayiza”, liderada por Ismael “El Mayo” Zambada. Esa contienda ha desencadenado violencia territorial, enfrentamientos armados y un recrudecimiento de la inseguridad en zonas del noroeste del país.
En las últimas semanas, EE. UU. también ha aplicado sanciones contra la facción “El Mayo” y su estructura asociada, incluyendo a personas físicas y empresas que, de acuerdo con Washington, habrían colaborado con actividades de narcotráfico, lavado de dinero y corrupción. Entre los sancionados figura una diputada mexicana, señalada por facilitar la influencia del cártel en su municipio.
Fuentes oficiales de EE. UU. subrayan que el Cártel de Sinaloa ha utilizado rutas complejas para introducir fentanilo en su territorio, empleando rutas desde Asia, procesos de síntesis en México y transporte hacia los Estados Unidos a través de la frontera. El fentanilo es considerado un opioide sintético altamente letal, responsable de un número creciente de muertes por sobredosis en EE. UU.
Aunque el gobierno mexicano ha realizado decomisos considerables en los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California, las sanciones estadounidenses representan un nuevo frente en la guerra contra los cárteles. La coordinación bilateral se vuelve crucial: será determinante observar cómo responde México ante estas presiones, tanto en acción policial como en medidas institucionales.
En definitiva, las sanciones estadounidenses contra “Los Chapitos” marcan un escalamiento en el combate internacional al narcotráfico, con implicaciones legales, diplomáticas y de seguridad que podrían redefinir la dinámica del crimen organizado en la región.
