Contacto con la política nacional, por: Baltasar Barbolla.
– Controversiales propuestas del presidente de Morena
– Gobierno federal en contra de energías renovables
– Registro de contagios por el COVID-19
Controversiales
propuestas del presidente de Morena
CDMX.- Creo que se mal interpretaron las intenciones
del presidente nacional interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, con respecto al ensayo que difundió al
público. El documento, titulado “El Bienestar Social y la Lucha Contra la
Desigualdad”, expresa claramente que las propuestas que presenta fungen como
base de un proceso de cambios estructurales que estará regido por el diálogo
entre los distintos sectores. – justificó ante los presentes el analista, continuando
la plática de esta semana – La opinión pública se quedó solamente con una idea
errónea de una de las cinco propuestas presentadas, y se decidió tachar como
negativo el esfuerzo realizado por el titular de Morena.
– Me imagino, amigo analista, que te refieres a la
propuesta de facultar al INEGI para que mida la riqueza de los mexicanos, pues
es la que estuvo presente en los encabezados de todos los medios nacionales. –
planteó el escritor
– Así es, la sociedad pensó que la propuesta implicaba
permitirle a los verificadores del INEGI el acceso a sus casas para que
registraran sus propiedades. – dijo el analista – Alfonso Ramírez ya aclaró que
no se pretende expropiar bienes ni emprender una cacería de brujas; tampoco se
facultará al personal del INEGI para ingresar a domicilios, sino que se les
dará acceso a la información que tiene la Secretaría de Hacienda con respecto
al patrimonio de los mexicanos.
– Independientemente si se contempla el acto de
ingresar a domicilios o no, la propuesta atenta en contra de nuestra
Constitución, ya que el artículo dieciséis prohíbe que las personas puedan ser
molestados en sus bienes; además, esta medida de fiscalización no es compatible
con la naturaleza estadística del instituto. – explicó la abogada
– Considero que se está pasando por alto el objetivo
principal de los cinco cambios al marco jurídico que se propusieron. –
intervino el consultor – Se busca eliminar la desigualdad económica que nos
queja, la cual es evidente al considerar que ciento cuarenta mil personas concentran
poco más de la mitad de la riqueza de todo el país, según su dijo el presidente
de Morena.
– Entiendo, entonces se propuso que el INEGI midiera
la riqueza de México mediante facultades de fiscalización para revisar
información en Hacienda. – sintetizó el escritor – ¿Cuáles fueron las otras
propuestas?
– La primera fue incluir el concepto de “Estado de
Bienestar” en la Constitución; a mi juicio es una propuesta más dogmática que
práctica, pues busca que se establezcan los sistemas para garantizar los
derechos de las personas, pero eso ya existe, entonces pienso que se incluyó
para buscar apelar al mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador. – respondió la reportera – La segunda
fue la ya mencionada sobre el INEGI, y la tercera se refería a la
“Progresividad Fiscal”.
– Creo que éste es un punto interesante del documento,
pues si bien es congruente con la ideología de su partido, va en contra del
mensaje que López Obrador ha sostenido desde campaña respecto a la creación de
nuevos impuestos. – señaló el político – Aplicar el concepto significaría crear
impuestos a los más ricos para que el Estado pueda financiar programas
sociales; mientras más tienes, más impuestos pagas.
– La cuarta propuesta fue crear un Consejo Fiscal para
vigilar que los gastos del gobierno se realicen responsablemente; lo que podría
ser interpretado como una acción para darle certeza a quienes habrían de
empezar a pagar más impuestos, de que su dinero habrá de ser usado para
combatir la desigualdad social. – continuó la reportera – Finalmente, la quinta
propuesta fue fortalecer a la Comisión Federal de Competencia Económica
(COFECE) con el objetivo de combatir la desigualdad social desde la Iniciativa
Privada.
– Pienso que ésta es la propuesta más disruptiva que
presentó Ramírez Cuéllar, y no la que refiere al INEGI, pues ésta medida
afectaría la confianza de las empresas e inversionistas, pues los mercados
podrían ser modificados de acuerdo a lo que disponga el gobierno. Sin duda, es
un paso hacia la expropiación sistematizada de empresas.
– No creo que sea necesario preocuparse por las
consecuencias de lo que propone Alfonso Ramírez, porque no han tenido apoyo en
ningún sector de la sociedad. – expresó el editorialista – No está respaldado
ni por los mismos militantes de su partido; Ricardo Monreal criticó que se presenten éste tipo de propuestas
que tienden a dividir a la sociedad en tiempos que se necesita unión por la
pandemia, y Alejandro Rojas, aspirante a la presidencia de Morena, señaló que
la propuesta emana de un sector radical del partido, y que solo genera
desconfianza y pierde futuros votos.
– Hasta Andrés Manuel López Obrador la rechazó de
raíz. – admitió el político – El presidente sostuvo que únicamente los
servidores públicos tenían la responsabilidad de declarar su patrimonio, lo
cual es correcto.
– Alfonso Ramírez ya aclaró que no pretende que se
publique el patrimonio de nadie, sino que es necesario ubicar dónde está la
riqueza del país. También dijo que continuaría promoviendo sus propuestas,
incluso que pediría licencia ante el partido para regresar al Congreso, y así
poder presentarlas él mismo. Podrá ser cierto que el documento no tiene apoyo
alguno, pero parece ser que su autor planea agotar todas las instancias para
ser considerado. – concluyó el analista
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Gobierno federal en contra de energías
renovables
– La misma manera en que se maquinó el acuerdo, debe
ser suficiente evidencia de las malas intenciones que hay detrás de él. – opinó
la empresaria – La Secretaría de Energía, encabezada por Rocío Nahle, aprovechó que el titular del Centro Nacional de
Control de Energía (CENACE) acababa de dejar su cargo para aprobar, sin los
procesos correspondientes, un acuerdo encaminado a impedir la operación de
plantas de energías eólicas y fotovoltaicas en el país.
– La CENACE es un organismo público descentralizado
que funge como filtro de las decisiones de la Secretaría de Energía, considera
las repercusiones de las disposiciones y comprueba su fundamento técnico. –
explicó la reportera – Ante la confusión en el Centro por no contar un titular,
Rocío Nahle ordenó que se aprobara de manera expedita su acuerdo para ser
publicado lo antes posible; supuestamente se definiría la política energética
del país durante la pandemia, pero la única disposición sustancial era la de
prohibir pruebas preoperativas a las plantas de energías eólicas y
fotovoltaicas, lo que significaría que éstas no podrían cumplir con los
requisitos necesarios para entrar en operaciones.
– La Secretaría explicó en su documento que estas
plantas de energías renovables habían estado generando fallas en el Sistema
Eléctrico Nacional, por lo que era necesario suspender sus operaciones durante
la pandemia. – expuso el consultor
– Pero no se presentaron pruebas de esto; – reviró el
político – precisamente el trabajo de la CENACE era corroborar lo expuesto por
la Secretaría, y nuestra amiga empresaria ya mencionó el acto de mala fe del
gobierno para evitar el escrutinio correspondiente.
– Estoy de acuerdo con lo que mencionan. – estableció
el editorialista – Si la Secretaría de Energía no se hubiera aprovechado de la
falta de titular en la CENACE, el acuerdo no hubiera sido aprobado por las
repercusiones negativas que conlleva su implementación. No tiene sentido alguno
que se tomen medidas con consecuencias permanentes para una situación temporal;
se pretendió plantear una nueva política energética para éstos tiempos de
contingencia, pero las consecuencias afectarán permanentemente las inversiones
de distintas empresas nacionales e internacionales, así como se afectará el
medio ambiente de los mexicanos.
– Cabe mencionar que nuestro gobierno es el único en
el mundo que dispuso aumentar sus facultades en materia energética ante el
COVID-19, lo que también debe funcionar como evidencia de que estamos ante un
burdo acto por parte de la Secretaría de Energía para tomar control del Sistema
Eléctrico Nacional, y así crear condiciones de mercado que únicamente
favorezcan a las empresas del Estado, como la CFE o PEMEX, sobre las privadas.
– El Sistema Eléctrico Nacional es de interés público,
no privado. – sostuvo el analista – Es congruente que éste se avoque a proteger
a las empresas del Estado y no las de la Iniciativa Privada.
– Difiero con lo que mencionas, amigo analista, pues
el interés público se refiere al de los mexicanos en general, no el de la
Comisión Federal de Electricidad o de Petróleos Mexicanos, y estas empresas no
son las que brindan servicios más accesibles o de mejor calidad a la sociedad.
– argumentó la abogada – La reforma energética del 2014 permitió a la
Iniciativa Privada competir en la generación de energía dentro de la Red
Eléctrica Nacional, y se dio amplia promoción a las energías renovables; con el
acuerdo aprobado, se le dio más poder de decisión a la Secretaría de Energía en
la Red, y ésta dispuso fortalecer indebidamente a la opción que ofrece la
energía más cara y con procesos más contaminantes, la CFE, antenado contra el
interés público.
– Mi crítica principal, si me permiten, – dijo el
editorialista – es que a todas luces se atenta contra el medio ambiente. Como
dijo nuestra amiga abogada, se está fortaleciendo a las empresas más
contaminantes sobre las que producen energías limpias. Parece que ya se nos
olvidó que hace casi un año nos lamentábamos de los fatales pronósticos que los
expertos del mundo compartieron con respecto al precario futuro que nos espera
considerando las condiciones ambientales actuales, o que a principios de año
Australia estaba en llamas por el cambio climático. La postura del gobierno es
inaceptable.
– Desgraciadamente, amigo editorialista, parece ser
que la única estrategia energética que tiene el gobierno actual es la de
fortalecer a PEMEX financiando plantas como Dos Bocas, que ante los actuales
precios del petróleo parece que fungirá como hoguera para quemar el dinero de
los mexicanos sin beneficio alguno, y fortalecer a la CFE con la modernización
de sesenta plantas termoeléctricas, las cuáles exigen para su funcionamiento
toneladas de carbón y gasolina, afectando negativamente al ambiente.
– Lo mismo habrán pensado los Embajadores de la Unión
Europea y el de Canadá, pues todos enviaron cartas dirigidas a Rocío Nahle para
pedir una reunión ante su preocupación por la nueva política energética. –
comentó la reportera – Expusieron que las medidas ponían en riesgo el medio
ambiente del país; y que se afectaba a diversas empresas extranjeras que
invirtieron en plantas en el país, realizaron los trámites pertinentes,
obtuvieron los permisos correspondientes, y ahora no pueden operar por una
decisión completamente discrecional.
– Frustra ver la desidia y apatía con la que, tanto
Andrés Manuel López Obrador como Rocío Nahle, se pronuncian sobre el tema, pues
complican las relaciones diplomáticas que se tienen con otras naciones, y se
desincentiva la inversión extranjera al no haber certeza jurídica para las
empresas. – lamentó el escritor – El presidente incluso dijo que los empresario
eran quienes debían disculparse por permitir la corrupción que, según él,
pretende combatir con ésta medida.
– La Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) y
la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee) estimaron que cuarenta y
cuatro proyectos estaban en riesgo en todo el país por las disposiciones,
mientras que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) registra veintiocho
proyectos en dieciocho Estados con un valor de treinta mil millones de dólares,
y anunció que promovería amparos en contra del acuerdo. – informó la empresaria
– También algunos gobiernos estatales como Durango,
Coahuila, y Chihuahua, expresaron su inconformidad porque consideraron que se
afectaría al medio ambiente y a las inversiones realizadas en sus Estados, y se
sumaron a los esfuerzos de revocar el acuerdo mediante amparos. – complementó
el político
– Evidentemente rindieron frutos los amparos, pues
jueces federales concedieron la suspensión del acuerdo, lo que obligó a la
CENACE a reticular sobre lo dispuesto en el acuerdo respecto a quienes se
quejaron ante la autoridad judicial; sin embargo, la Secretaría de Energía
comunicó que impugnaría la suspensión para que su acuerdo prevalezca. – señaló
la abogada – Esperemos que el poder judicial no le conceda la razón a la
Secretaría, pues las implicaciones de la disposición del ejecutivo representan
consecuencias fatídicas para el futuro de los mexicanos; las afectaciones a la
Iniciativa Privada pueden ser medidas en los miles de dólares que se pudieran
perder por el actuar del gobierno, pero las afectaciones al medio ambiente
serían inconmensurables.
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Registro
de contagios por el COVID-19
– Resulta que ni la prensa internacional, ni Javier Alatorre, mintieron cuando
dijeron que el gobierno federal no anunciaba el número real de los contagios
registrados por COVID-19. – expuso a la mesa la empresaria – ¿Recuerdan que fue
tema de gran relevancia hace un par de semanas que los encabezados de medios
como el New York Times informaron que no había claridad en las cifras
presentadas por el gobierno de López Obrador, por lo que Hugo López-Gatell salió a medios para explicar el modelo Centinela?
– Que, por cierto, a fin de cuentas no explicó
claramente, y únicamente utilizó frases rebuscadas para justificar que no se
están realizando las pruebas necesarias en los hospitales. – intervino el
político
– En efecto, – retomó la empresaria – se suponía que
éste modelo ya no tendría gran relevancia en la Fase Tres porque no respondía a
las necesidades del país, pero justamente por éste modelo no se le permitió al
Estado de Yucatán registrar en la plataforma nacional el número de casos reales
que presentó el martes.
– Así es, fue noticia en Yucatán la propagación de
contagios que se originó en los mercados municipales de San Benito y Lucas de
Gálvez; se realizaron pruebas a más de cien trabajadores de éstos espacios, y
se encontraron cuarenta y siete casos positivos. Cuando el gobierno yucateco
intentó registrar el número de casos, se le indicó que solamente podría
registrar cinco de los cuarenta y siete casos por el modelo Centinela, lo que
significa que cuarenta y dos casos reales quedaron sin registro.
– Parece que al gobierno federal solo le interesa
mantener la imagen de que se está aplanando la curva, a expensas de ocultarle
la verdad a los mexicanos. – lamentó el editorialista – Sin embargo, ésta
estrategia consistente en triunfos de papel solo está agravando la situación en
México; el gobierno dice que se domó la pandemia, que se aplana la curva, y
festeja Municipios de la Esperanza, haciendo que las personas piensen que ya
pasó lo peor y salgan a las calles, lo que se puede corroborar con el aumento
de movilidad registrado en los Estados tras los últimos mensajes triunfalistas
de López Obrador y de López-Gatell.
– A medida que transcurren las semanas, el gobierno
federal pierde legitimidad ante la población por la mezquindad con la que
actúa, mientras que los gobiernos estatales se consolidan ante la sociedad al
poder responder a las necesidades de la población directamente. Esto es
reconfortante, pues en caso de que el aparato de comunicación en materia de
salud del gobierno federal se quiebre ante la falta de veracidad en su
información, como todo apunta que sucederá, la ciudadanía podrá contar con sus
sistemas estatales para protegerse ante la pandemia. – dijo la abogada, y
concluyó – Habrá que ver qué sucede en las próximas semanas, por ahora parece
ocioso, y hasta irresponsable, compartir el registro actual del gobierno
federal respecto a los contagios registrados y muertes por el COVID-19.
