Editorial La Revista Peninsular
El ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez
Calderón, fue detenido esta semana por presuntamente haber incurrido en delitos
electorales durante su sexenio. El actual gobernador de dicho estado, Samuel
García Sepúlveda, celebró la detención y afirmó que con ésta demuestra que su
gobierno es incorruptible. Si bien, lo ocurrido representa un hecho
trascendental que marca un precedente en el combate contra la corrupción en
México, existen situaciones las cuales hacen parecer que este asunto podría
inclinarse más hacia lo político que a lo jurídico.
Durante la mañana del 15 de marzo, “El Bronco” fue
detenido por autoridades estatales debido a la presunta comisión de delitos
electorales y desvío de recursos públicos. En específico, se acusa a Rodríguez
Calderón de haber usado a 572 ex funcionarios públicos estatales, durante horarios
laborales, para recabar las firmas que necesitaba para ser considerado
candidato independiente en las elecciones presidenciales del 2018.
Este no es un tema nuevo. Cuando era senador, Samuel
García y la entonces diputada local Mariela Saldívar presentaron una denuncia
en contra de Jaime Rodríguez por el uso de funcionarios para recolectar firmas.
El Instituto Nacional Electoral (INE) y, posteriormente, el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) conocieron el caso, coincidieron en
la existencia del delito y dispusieron sanciones en contra de “El Bronco”.
La autoridad electoral dispuso que las sanciones sean
aplicadas por el Congreso estatal en su supuesto papel de “superior jerárquico”
del poder ejecutivo. Jaime Rodríguez llevó el asunto a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) y alegó que el Congreso no era su “superior
jerárquico”. La Corte le dio la razón al entonces gobernador y le ordenó al
legislativo de Nuevo León que volviera a iniciar los procesos de sanción, pero esta
vez de acuerdo a lo estipulado en el marco normativo.
El asunto quedó congelado pues aquella legislatura
local no sancionó a “El Bronco”, así como tampoco lo hizo la actual
legislatura. De esta manera, el caso se volvió a activar hasta ahora con la detención
del ex gobernador.
El gobernador Samuel García celebró la captura de
Rodríguez Calderón en sus redes sociales. Momentos después de la detención, el
mandatario regiomontano compartió partes de un discurso que dio hace unos días
en el cual afirmaba que quien haya robado o desviado recursos iría a la cárcel.
De igual forma, publicó una historia en su Instagram en la cual señalaba que
“tardaron 4 años y 4 meses”, pero por fin lograron detener a “El Bronco” por el
tema de las firmas.
Jaime Rodríguez Calderón fue vinculado a proceso
únicamente por delitos electorales, según su defensa, y se le impuso como
medida cautelar prisión preventiva, lo cual significa que deberá permanecer
tras las rejas en tanto se lleva a cabo el juicio. Ahora bien, existe la posibilidad
que se revierta esta medida cautelar pues fue impuesta por el juez estatal que
conoció el caso en un principio; sin embargo, este juzgador no tenía las
facultades para conocer el asunto pues el presunto delito se llevó a cabo
durante una elección federal, por lo que era necesario que fuese un juez
federal quien conociera el caso.
Todo parece indicar que sí tomará el caso un juez
federal, entonces éste deberá decidir si mantiene o revoca la prisión
preventiva.
Se debe aclarar que “El Bronco” aún no forma parte de
la lista de gobernadores que han sido declarados culpables en juicio, como es
el caso de Javier Duarte, Roberto Borge, Guillermo Padrés o Mario Villanueva
por mencionar algunos, pues todavía no se dicta sentencia definitiva en su
contra. No obstante, como ya se dijo anteriormente, las autoridades electorales
concluyeron hace unos años que sí hubo comisión de delito tras investigar el
asunto de las firmas, por lo cual es muy probable que este juicio culmine en
sentencia. Asimismo, existe la posibilidad de que se descubran otros delitos
perpetrados por Rodríguez Calderón conforme se desarrolla el proceso judicial,
lo cual aumentaría la sentencia a imponer.
La situación en la que se encuentra Jaime Rodríguez
Calderón es similar a la situación en la que se encontraba Rodrigo Medina,
también exgobernador de Nuevo León. A Medina, “El Bronco” (quien fue su sucesor
en el gobierno) lo metió a la cárcel por presuntamente haber incurrido en actos
de corrupción durante su gestión al frente del ejecutivo estatal. Aunque fue
liberado a las pocas horas y eventualmente exonerado, le tomaron fotos mientras
estaba en prisión y las filtraron, lo cual afectó su imagen considerablemente.
En lo que respecta a Rodríguez Calderón, también fue
detenido por el gobierno de su sucesor, Samuel García, y fue expuesto
públicamente con la filtración de fotos del operativo de su captura y de su
ingreso a prisión. Lo anterior, naturalmente afectó su imagen ante la
ciudadanía.
Por su parte, el actual gobernador de Nuevo León está
en una posición interesante pues, si el juicio de “El Bronco” llega a
sentencia, habrá encabezado uno de los esfuerzos de combate contra la
corrupción más importantes que se han visto en el país durante los últimos
años. No obstante, debe tener cuidado pues sus celebraciones públicas, así como
la filtración de fotos, llevan el caso a la esfera de lo político cuando
debería quedarse exclusivamente en la esfera de lo jurídico para que se puedan
lograr verdaderos beneficios para la sociedad.
Si no se cuida esto, se corre el riesgo de que la
gente pierda confianza en el proceso o que se cometa algún error el cual pueda
propiciar la liberación del ex gobernador por violentar sus garantías
procesales.
La detención de Jaime Rodríguez Calderón representa un
hecho trascendental, no sólo para Nuevo León, sino para todo el país. Además de
sentar un precedente importante en cuanto al combate contra la corrupción, lo
sucedido le permite al gobernador regiomontano aumentar su popularidad a nivel
nacional. Si Samuel García Sepúlveda logra aguantar los ataques y campañas de
desprestigio que seguro emprenderán en su contra “El Bronco” y sus aliados en
los próximos días, así como también evita politizar el juicio con celebraciones
o filtración de fotos, seguramente contará con buenas posibilidades para
contender en las elecciones presidenciales del 2024.
