El gobierno de Claudia Sheinbaum ha generado polémica en Chiapas debido a la investigación en curso contra el sacerdote indígena Marcelo Pérez Pérez, reconocido por su labor en defensa de los derechos humanos y su papel en la mediación de conflictos en comunidades indígenas. La Fiscalía General del Estado ha solicitado una orden de aprehensión contra el religioso, vinculándolo con la desaparición de 21 pobladores de Pantelhó en julio de 2021, un caso que ha sacudido la región.
Marcelo Pérez, quien ha trabajado en comunidades indígenas afectadas por la violencia y el crimen organizado, niega las acusaciones, alegando que su rol en los hechos fue como mediador para intentar detener los conflictos. En múltiples ocasiones, el sacerdote ha manifestado su preocupación por el incremento de la violencia en la zona, exacerbada por el control de grupos criminales. La comunidad indígena y defensores de derechos humanos han expresado su apoyo, condenando lo que consideran una persecución injusta.
El sacerdote ha sido objeto de amenazas y hostigamiento desde hace varios años debido a su activismo. En una reciente manifestación, cientos de feligreses marcharon en San Cristóbal de las Casas y otras localidades de Chiapas, exigiendo justicia y un cese a la persecución de Pérez.
La situación ha generado un debate sobre la seguridad y el rol de los defensores de derechos humanos en una región cada vez más afectada por la violencia.
