Por Eduardo Ruíz-Healy
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Cuando se habla de delincuencia organizada, la
mayoría de las personas piensan, erróneamente, que ésta solo se refiere al
narcotráfico porque, en realidad, los criminales organizados se dedican a
diversas actividades.
De acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos
2020, elaborada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría
de Hacienda y presentada en septiembre pasado, la delincuencia organizada no
solo se dedica al narcotráfico, sino también al secuestro, la extorsión, el
robo de hidrocarburos, la trata de personas, la defraudación fiscal y el
tráfico ilegal de especies protegidas, de armas y de migrantes.
Y no solo a eso, también a la producción y/o venta de
medicamentos, productos electrónicos, prendas de vestir, zapatos, licores,
libros y software falsificados, prostitución, apuestas ilegales, venta de
medicamentos que requieren receta médica, contrabando de cigarrillos, saqueo y
tráfico de tesoros arqueológicos, venta de maderas obtenidas de bosques y
selvas protegidos y asesinatos por contrato.
También hay bandas especializadas en invasión de
inmuebles y de predios urbanos y rurales, robos de casas, comercios y
vehículos, asaltos en la vía y el autotransporte públicos y muchos otros
delitos.
Desde los poderosos y célebres cárteles como el
Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el de Sinaloa, hasta pequeñas bandas de
asaltantes o extorsionadores que solo son conocidas por sus víctimas, es cada
vez más usual que un delincuente no actúe de manera independiente, sino que
forme parte de una organización que le dé un sentido de pertenencia social y lo
que podríamos calificar como “seguridad laboral”.
Además de los delincuentes que hacen el trabajo
sucio, están los llamados de cuello blanco: los abogados que los defienden de
las autoridades cuando son capturados, y los contadores y fiscalistas que
administran y lavan su dinero mal habido. Y no solo eso: algunos médicos son
contratados por algún grupo criminal para prolongarles las vidas a quienes
torturan o para atender a delincuentes heridos.
El crimen organizado, sea de grandes o pequeñas
dimensiones, está presente en todo el país.
También de acuerdo con la UIF, hay 19 grupos
criminales de importancia en el país y no hay entidad federativa en donde no
haya la presencia de al menos uno de ellos.
El CJNG está presente en 27 estados, el Cártel de
Sinaloa en 21, el Cártel del Golfo en 14, Los Zetas en 13, el Cártel del Noreste en cinco y Guerreros
Unidos en cuatro. La Familia Michoacana y los Beltrán Leyva actúan en tres
estados; Santa Rosa de Lima, la Unión Tepito, la Fuerza Anti-Unión, el
Independiente de Acapulco y Nueva Plaza en dos; y el Cártel de la Sierra, La
Nueva Familia Michoacana, el Nuevo Cártel de Juárez, Los Viagras y Los
Colombianos en una sola entidad cada uno.
A estos hay que añadir los cientos de grupos
medianos y pequeños que buscan controlar a las autoridades del área en donde
actúan.
Ante esta realidad, no debe sorprendernos el nivel
de violencia que se ha dado en esta temporada electoral. Los delincuentes
pretenden, ya sea mediante asesinatos o amenazas, que los próximos gobernantes
municipales y estatales los dejen, por lo menos, delinquir en paz y, en el
mejor de los casos, los cubran con un manto protector.
