Especial / La Revista
La secretaria de Administración y Finanzas, Olga Rosas
Moya, afirma que la nueva Ley del Isstey, que fue aprobada en el Congreso del
Estado, garantizará no solo el pago de pensiones actuales y futuras, sino
también la viabilidad de las finanzas públicas, toda vez que el Gobierno del
Estado ya no tendrá que desembolsar fuertes sumas de dinero para compensar la
falta de recursos del instituto.
Si no se modificaba el sistema de pensiones, derivado
de una ley que data de 1976 y que llevaba 46 años sin reformarse, se corría el
riesgo de afectar las finanzas, debido a que en vez de invertir en salud,
educación, seguridad y apoyo a familias vulnerables, se tendrían que canalizar
esos recursos para el pago de pensiones y jubilaciones, advierte la
funcionaria.
La maestra Rosas Maya señala que, de hecho, la sangría
al erario ya ocurre, pues el año pasado el Ejecutivo tuvo que transferir al
Isstey recursos extraordinarios por 280 millones de pesos, para este año serán
$350 millones, en 2023 aumentará a $650 millones y en 2024 llegará a los $730
millones.
Y si no se modificaba la ley, las aportaciones
continuarían creciendo en los próximos años hasta alcanzar los 7 mil millones
de pesos en el siguiente sexenio y a los $10 mil millones en los siguientes
seis años, lo que habría hecho inviable las finanzas estatales y afectado
severamente las obligaciones del Estado, afirma.
La titular de la SAF califica de valiente la decisión
del gobernador Mauricio Vila Dosal de asumir la responsabilidad de modificar el
sistema de pensiones, en contraste con sus antecesores quienes simplemente se
dedicaron a “patear la lata”, dejando que crezca el problema y llevándolo al
límite de asfixiar las finanzas.
El gobernador, agrega, también pudo “patear la lata”,
ya que el problema más grave, la catástrofe del sistema se registraría en el
próximo sexenio, pero no lo hizo y prefirió desactivar la bomba.
Y es doblemente loable que lo haya hecho, toda vez que
los beneficios no serán para lo que resta de su gobierno, sino para el
siguiente sexenio: está sembrando con esfuerzo para que sea otro gobernador o
gobernadora el que coseche, pero vale la pena porque significa asegurar el
futuro de las y los trabajadores estatales, y garantizar la seguridad, la salud
y la educación de todas y todos los yucatecos, subraya la funcionaria.
La Secretaria de Administración y Finanzas recuerda
que solo dos estados, uno de ellos Yucatán, seguían sin modificar su sistema de
pensiones y hay casos extremos como el de Baja California donde los jubilados
entran a una lista de prelación y tienen que esperar a que un beneficiario
fallezca para que puedan empezar a cobrar.
Hay antecedentes en otros estados donde, ante el
colapso de su sistema, han tenido que suspender o postergar las pensiones de
sus trabajadores, debido a que no tienen recursos.
Precisamente, para evitar eso y con el fin de
garantizar las pensiones actuales y futuras de las y los trabajadores yucatecos
afiliados al Isstey, el gobernador Vila Dosal puso el tema sobre la mesa,
recalca.
Reconozco igual la disposición de las y los diputados
del Congreso del Estado que analizaron este tema, escucharon a todas y todos
los representantes de los trabajadores y también a un comité de expertos para
elaborar la iniciativa de reformas, apunta la maestra Rosas Moya.
Con esta nueva Ley, un jubilado seguirá recibiendo lo
que cobra y a los que ya tienen derechos adquiridos no se les afectará. Este
sistema será para las nuevas generaciones de trabajadores y para los que
todavía no han alcanzado un mínimo de antigüedad, afirma la titular de la SAF.
