Por :Alan Javier Contreras Castillo
El sueño de ser alcalde para los 106 ciudadanos que tomaron posesión el 1 de septiembre parece no ser como lo imaginaban. Un rotundo golpe de realidad está azotando sus expectativas al recibir municipios con problemas, deudas, laudos, demandas y demás sustantivos negativos, pero el inconveniente más importante no encuentra base en ninguno de estos.
Los programas y apoyos federales continúan su curso natural y con un nivel de mayor intensidad por el final del sexenio de la administración pública actual y como es propio del deber ser, los alcaldes dedican tiempo y esfuerzo a la consecución de recursos extraordinarios con el fin de realizar obras y acciones que impacten positivamente en la vida de sus municipios. Podría decirse que hasta cierto punto no es complicado bajar estos recursos si se cuenta con profesionales técnicos y por supuesto, con las conexiones políticas adecuadas, sin embargo, hay un candado que en antaño no se consideraba tan determinante como lo es hoy día, y por supuesto tiene que ver con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Las conocidas opiniones de cumplimiento son necesarias para que un municipio pueda ser beneficiado con los peculios mencionados ex ante, y verdadera sorpresa se han llevado los ediles al ser rechazados por contar con todos los requisitos, pero sin la opinión de cumplimiento positiva del SAT.
Esta situación está generando ansiedad en algunos representantes populares pues se ven limitados a trabajar con lo que se destina a sus municipios vía ramo 33, lo cual, en ocasiones no resulta suficiente siquiera para subsanar ciertas reparaciones o adecuaciones en materia de infraestructura. Aunado a esto, la noticia de la disminución de los recursos destinados Estados y municipios, no resulta nada alentadora cuando se expone un recorte que va de 1.5 billones de pesos a 703 mil millones de pesos, es decir, más de la mitad del presupuesto que direccionó a éstos la ya casi extinta administración de Peña Nieto.
Desde mi perspectiva, creo que esta medida presupuestal atiende a un tema de control político, pues si bien, los alcaldes de diferentes partidos fueron los que omitieron alguna obligación ante el SAT o cuentan con algún crédito fiscal firme ante esta misma institución, el tema de recorte presupuestal a Estados y municipios limita aún más la obtención de recursos, pero peor aún, puede incluso condicionar la consecución de estos por discrepancias ideológicas o de carácter jerárquico. Estaríamos entrado al terreno de la oferta y la demanda en cuanto a los recursos de la Federación cuando esta práctica no debería existir. Valdrá la pena el seguimiento de esta situación, mientras tanto seguiremos encontrándonos cada martes por lo que resta del año.
