El presidente estadounidense Donald Trump ha ordenado el envío de tropas y el despliegue de agentes federales a diversas ciudades de Estados Unidos, entre ellas Portland, Chicago y Memphis, lo que ha desatado críticas, preocupaciones legales y un debate profundo sobre los límites del poder presidencial.
En Portland, Trump autorizó el despliegue de 200 miembros de la Guardia Nacional durante 60 días “para proteger instalaciones del ICE”, según su directiva. Las autoridades del estado de Oregón objetaron esa orden, sosteniendo que “poner a nuestro propio ejército en nuestras calles es un abuso de poder … es ilegal” y advirtiendo que la medida “hará que los habitantes de Oregón sean menos seguros”. Por su parte, el fiscal general estatal presentó una demanda para bloquear la intervención federal, argumentando que Trump carece de autoridad para actuar sin que haya una invasión o rebelión.
Mientras tanto, en Chicago agentes federales armados patrullaban zonas concurridas como Michigan Avenue, luciendo equipos tácticos y generando alarma entre transeúntes. La alcaldía y autoridades del estado calificaron la presencia como una “intimidación” destinada a exacerbar las tensiones locales.
En Memphis, la estrategia combina el despliegue de la Guardia Nacional con un plan integral de fuerzas federales, estatales y locales conocido como “Memphis Safe Task Force”. El gobernador Bill Lee admitió que los soldados no portarían armas ni efectuarían arrestos salvo que la policía local lo solicitara, y estimó que el número no excedería los 150 integrantes. En tanto, comunidades locales han manifestado temor de que el reforzamiento implique una intensificación de operativos migratorios, incluso contra personas con estancia legal.
Estas acciones forman parte de una ofensiva del gobierno federal que ya había desplegado tropas en ciudades como Los Ángeles y Washington, D.C. En sus redes sociales, Trump justificó el despliegue señalando “protección” frente a lo que llamó “terroristas domésticos”, y afirmó que autorizaba el uso de “full force, if necessary” (“fuerza total, si es necesario”).
Los opositores al plan advierten que se trata de una maniobra autoritaria y una posible violación de leyes que regulan el uso de fuerzas militares en el ámbito civil. Locales sostienen que la intervención federal genera división política y socava la autonomía de los estados para gobernar sus propias ciudades.
Hasta ahora, no ha habido confirmación oficial de que todas las tropas lleguen simultáneamente ni destinatarios específicos de cada misión, lo que plantea más interrogantes sobre la eficacia real y los efectos sociales de esta estrategia en medio del pulso entre el poder nacional y las autoridades locales.
