Especial / La Revista
El jueves 29 de octubre por la noche se conoció por
primera vez que el grupo de hackers “Guacamaya”, que ha filtrado
información en Chile, Colombia y El Salvador durante los últimos días, también
atacó y logró vulnerar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la
dependencia más importante durante el gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Al día siguiente, el viernes, el propio mandatario
confirmó que la información dada a conocer por Latinus era verídica y que, en
efecto, más de seis terabytes de documentos confidenciales están en manos de un
grupo de activistas informáticos que han atacado otras instituciones militares.
En los primeros esbozos de estos documentos se destacó
el estado de salud del propio presidente López Obrador, quien además de sus
problemas cardiovasculares ampliamente conocidos, también padece gota y angina
inestable de alto riesgo.
No obstante, la cantidad de datos e información, por
demás inquietante que le fue secuestrada a la Sedena, uno de los temas que se
ventila con más ahínco en estos momentos, es el hecho de que el Ejército
mexicano fue autor de la reforma para controlar a la Guardia Nacional.
De acuerdo con la agencia Proceso, el Ejército, a
través de la Unidad de Asuntos Jurídicos, presentó el 1 de julio de 2022 a la Consejería
Jurídica del Ejecutivo Federal un plan A y un plan B de reformas en materia de
la Guardia Nacional, de acuerdo con documentos obtenidos por los hacktivistas
de Guacamaya, en la mayor filtración de información en la historia de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El 29 junio, durante una reunión de trabajo con la
Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa informó que tenía listas
dos iniciativas.
La primera llamada plan A, consistía en una reforma al
artículo 21 constitucional para que la Guardia Nacional fuera reconocida como
una “Fuerza Armada con la función esencial de proporcionar la seguridad
pública”, de “carácter permanente y naturaleza militar”, “adscrita a la
Secretaría de la Defensa Nacional”.
También incluía que los recursos financieros y
materiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana destinados a la
Guardia Nacional fueran transferidos a la Sedena.
Además, proponía reformar el artículo 13 de la
Constitución para que los integrantes de la Guardia Nacional, “para efectos
estrictamente disciplinarios”, quedaran sujetos al fuero militar para los
delitos y faltas contra la disciplina militar.
Mientras que el plan B era una serie de reformas a
leyes secundarias: la ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ley de
la Guardia Nacional, la ley Orgánica y de Ascensos y Recompensas del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos, tal como ocurrió.
Ante la advertencia de los grupos parlamentarios de la
oposición de que no darían los votos para una reforma constitucional para que
la Guardia Nacional, una institución que se suponía debía ser civil, quedara en
manos de la Sedena, el plan B fue el que prosperó.
Lo anterior, al requerir de mayoría simple en el
legislativo, que suman en ambas cámaras sin problema Morena y sus aliados.
Durante julio y agosto, la Sedena siguió trabajando en
la iniciativa de manera consensuada con la Consejería Jurídica del Ejecutivo
Federal, como consta en varios oficios y correos hackeados al Ejército.
En el intercambio de correos entre la Sedena y la
Consejería Jurídica, nadie advirtió que su propuesta resultaba
inconstitucional, pues el artículo 21 de la Carta Magna establece que la
Guardia Nacional es una institución policial de carácter civil y cuya
adscripción es a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Para el 31 de agosto ya se tenía una iniciativa final,
tras mesas de trabajo entre Sedena, SSPC y la CJEF, en la que la adscripción
sería a la SSPC, pero con la aclaración de que la institución militar tendría
el control operativo y administrativo.
De acuerdo con un análisis comparativo entre las
reformas aprobadas y los documentos enviados por la Sedena a la Consejería
Jurídica de la presidencia, el espíritu de la propuesta militar se mantuvo y
sufrió ligeros cambios.
Por ejemplo, en su primera versión, la Sedena proponía
que el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
dijera que a esta institución le correspondía “manejar el activo del Ejército y
la Fuerza Aérea, así como de la Guardia Nacional”.
En la última versión, ese artículo quedó tal como fue
aprobado en septiembre pasado en el Congreso de la Unión, es decir, que
corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional “ejercer el control
operativo y administrativo” de la GN.
Finalmente, el 31 de agosto, tras recibir el visto
bueno de la Procuraduría Fiscal de la Federación sobre el impacto
presupuestario del proyecto, continuó el trámite para hacer llegar la
iniciativa al legislativo.
Ese mismo día, el presidente Andrés Manuel López
Obrador envió la propuesta a la Cámara de Diputados como si fuera suya.
Qué
dicen los Guacamaya Leaks de México
Aunque uno de los temas que más ha acaparado los
reflectores de la opinión pública ha sido el de la reforma constitucional
orquestada y operada por el Ejército mexicano para controlar a la Guardia
Nacional; no es tema menor los demás informes y datos secuestrados a la Sedena
y que estarían poniendo en grave peligro a la ya de por sí endeble seguridad
nacional.
Entre los documentos que están dando la vuelta al
mundo exhibiendo al gobierno de López Obrador, están por ejemplo: que varios
gobiernos estatales tendrían nexos con cárteles de narcotraficantes en el país
y que el Ejército tendría tratos para permitirles operar con impunidad.
El grupo de piratas informáticos identificado como
Guacamaya, que ha estado detrás de revelaciones sobre la salud del presidente,
el caso Ayotzinapa y los vínculos sobre el Gobierno de México y el
narcotráfico, dio un nuevo golpe al extraer información de una base de datos del
Ejército mexicano en los últimos días. Se tratan de millones de documentos que,
en algunos casos, ponen contra las cuerdas al gobierno de Andrés Manuel López
Obrador (AMLO).
Son hasta seis terabytes de información que llegaron a
las manos de los medios Latinius, Proceso y Animal Político. Estos son algunos
de los asuntos más destacados hasta ahora:
– El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio
Sandoval, ha llenado de regalos de lujo a sus invitados desde 2018. Entre los
obsequios están gafas de la colección Santos de la marca Cartier, botellas de
mezcal y vino.
– Los grupos criminales usan Artefactos Explosivos
Improvisados con más frecuencia de lo que se creía. El Ejército desactiva casi
un explosivo al día.
–
El presidente López Obrador y Cresencio tienen una lista de vuelos no
informados fechados en marzo de este año.
– La salud de López Obrador. AMLO padece varias
enfermedades y ha tenido que ser hospitalizado varias veces de emergencia.
Entre estas está una angina inestable de alto riesgo, enfermedad que impide un
flujo adecuado de sangre y oxígeno al corazón. Esta podría causar un ataque
cardíaco.
También fue diagnosticado con hipotiroidismo, una
enfermedad que provoca resequedad en la piel, cansancio, deterioro de la
memoria.
Otro diagnóstico dice que tuvo gota, una forma
compleja de artritis que provoca dolor e inflamación en las articulaciones.
– La revelación más explosiva es la que vincula a casi
20 gobiernos municipales con cárteles de narcotraficantes como Guerreros
Unidos, La Familia, el Cártele de Jalísco Nueva Generación y los Caballeros
Templarios. Tláhuac, Unión Tepito, Fuerza Anti Unión, Los Canchola, Los
Rodolfos, El Maestrin, Juan Balta, Los Tanzanios, Ronda 88, Los Maceros, Güero
Fresa y Los Molina son otros grupos delincuenciales que tienen nexos con el
gobierno. Veracruz, Tabasco y Jalisco son los estados donde mayores vínculos
hay entre el gobierno y el narco.
– La Secretaría de la Defensa Nacional de México
(Sedena) tendría vínculos con estas organizaciones criminales para permitirles
operar con impunidad
– La Sedena también actuó de manera inoperante en el
caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y se destaca que los
gobiernos municipales tendrían vínculos con la desaparición.
– El Ejército siguió utilizando el software de
espionaje Pegasus, a pesar de que López Obrador negara el año pasado que este
programa se estaba usando durante su mandato.
Entre los objetivos espiados figuran un periodista, un
columnista de prensa y un activista de derechos humanos, cuyos teléfonos
habrían sido jaqueados al menos entre 2020 y 2021.
– El Ejército tiene conocimiento de decenas de casos
de abuso sexual y los mantiene ocultos e impunes. Hay más de 1.000 archivos que
cuentan los abusos cometidos contra subalternas y civiles.
“Los altos mandos del lugar entraban, sin ningún
cuidado, a las habitaciones donde residían las mujeres, incluso cuando estaban
desnudas, y se acercaban a ellas para seleccionar las que son de su agrado,
aquellas que no accedían a tener relaciones sexuales con sus jefes eran
víctimas de represalias físicas y psicológicas”, dice un documento.
“Me dijo: ‘Esta vez te voy a perdonar, que sea la
última, porque la próxima vez es bote’”, dijo una mujer que denunció un abuso y
fue amenazada con ser despedida.
López Obrador dijo que las revelaciones de Guacamaya
no le preocupan a su gobierno, pues “no oculta información”.
“Eso sería si estuviésemos promoviendo la corrupción,
entonces sí, o violando derechos humanos, entonces sí, habría que esconder
información”, dijo el mandatario.
La mayor crítica de AMLO a las filtraciones fue el uso
del nombre “Guacamaya”, ya que la considera un ave única y bellísima.
“¡Cómo le van a poner el nombre guacamaya! Es un ave
única, bellísima, ver volar las guacamayas, allá en Palenque, sus comportamientos,
lo que comen”, expresó el presidente.
La organización civil Poder anunció que trabaja en un
manual para los interesados en tener acceso a los terabytes de información
obtenida por los hackers.
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¿Quién gana y quién pierde?
Para el
analista y politólogo Federico Berrueto, una organización gubernamental
extrajera como la CIA, estaría detrás del hackeo de información a la Secretaría
de la Defensa Nacional.
“Yo tengo
la sospecha, y lo manejo como una hipótesis, que pudiera haber un gobierno
extranjero y concretamente una agencia como la CIA, la que esté detrás de estas
filtraciones, porque es un daño brutal el que se le hace al país y
concretamente al gobierno de López Obrador”. Digo esto porque hay que tomar no
con reserva, sino con mucho cuidado la información que hay en esas
filtraciones…
Dicho
esto, sabemos –a partir de esas filtraciones-, que el proyecto para que la
Secretaría de la Defensa Nacional “ejerza el control operativo y
administrativo” de la Guardia Nacional, fue redactado, precisamente por la
Sedena y que utilizaron a los diputados del PRI de la peor manera, a través de
amenazas y acciones penales en contra de Rubén Moreira y de Alejandro Moreno, para
que hicieran propia la propuesta.
“Ese tema
ya está muy analizado, ahora lo que debemos tomar en cuenta y estar muy
pendientes es de la secuela, de lo que viene, quién pierde, quién gana… Al
interior del oficialismo el que gana es Adán Augusto (secretario de
Gobernación) porque fue el operador de esta reforma en condiciones muy
inciertas y complicadas, se desgasta por la manera en que llegó a la aprobación
pero a los ojos del presidente, éste debe estar muy complacido con el
resultado”.
Y otro
que también gana es Ricardo Monreal a quien ya querían ver fuera de Morena y
ahora es de los aliados más útil y rentable que tiene el presidente, mucho más
que Claudia y Marcelo porque es quien le está sacando las castañas del fuego,
abundó.
Aquí
quien pierde –puntualizó-, es la Sedena porque con todo lo que ha ocurrido, la
pregunta es ¿quién maneja a quién? ¿Los militares al presidente o el presidente
a los militares? Lo que revelan los archivos hackeados, es una enorme cantidad
de información muy delicada de la que ya nos estaremos enterando en su momento.
