El Congreso de Paraguay aprobó un acuerdo de defensa que permitirá la presencia temporal de personal militar y civil de Estados Unidos en el país sudamericano, una medida que ha generado debate político y social sobre sus implicaciones para la soberanía nacional.

La Cámara de Diputados paraguaya dio luz verde al denominado Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), el cual establece el marco legal para que fuerzas de seguridad estadounidenses puedan operar en territorio paraguayo en actividades de cooperación, entrenamiento y asistencia humanitaria. La iniciativa fue aprobada con 53 votos a favor, ocho en contra y cuatro abstenciones de un total de 80 legisladores.

El acuerdo ya había sido respaldado previamente por el Senado y ahora queda a la espera de la firma del presidente Santiago Peña para entrar en vigor. El documento fue firmado por ambos países en Washington en diciembre y forma parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa.

De acuerdo con las autoridades paraguayas, el pacto permitirá desarrollar ejercicios conjuntos, misiones de asistencia humanitaria y cooperación para combatir el crimen organizado transnacional y el terrorismo. Además, establece que Estados Unidos tendrá jurisdicción penal sobre su personal mientras se encuentre en Paraguay.

Sin embargo, algunos legisladores y organizaciones civiles han expresado preocupación por ciertas disposiciones del acuerdo, en particular aquellas que otorgan inmunidad a los militares estadounidenses frente a la justicia paraguaya. El diputado independiente Raúl Benítez manifestó durante el debate que “creemos en la cooperación internacional, pero también creemos en Estados fuertes, instituciones respetadas y soberanía democrática real”.

Por su parte, el canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano defendió el acuerdo al señalar que busca fortalecer la cooperación entre ambos países frente a amenazas transnacionales. Asimismo, aclaró que el tratado no contempla la instalación de bases militares estadounidenses en territorio paraguayo.

El acuerdo ha sido calificado como “histórico” por autoridades de ambos gobiernos y se produce en un contexto en el que Washington busca ampliar su cooperación en materia de seguridad con varios países de América Latina.

La decisión del Congreso paraguayo marca un nuevo capítulo en la relación bilateral entre Paraguay y Estados Unidos, mientras continúa el debate interno sobre los alcances y las implicaciones del pacto en el ámbito político y estratégico de la región.

José Antonio Kast asumió este miércoles la presidencia de Chile durante una ceremonia oficial realizada en el Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso, dando inicio a un nuevo gobierno que marcará un cambio en el escenario político del país y de la región. La investidura contó con la presencia de delegaciones internacionales, jefes de Estado, representantes políticos y más de 1.200 invitados que acudieron al acto de cambio de mando.

Durante la ceremonia, el mandatario recibió los símbolos del poder presidencial, entre ellos la banda presidencial y la Piocha de O’Higgins, en un acto tradicional del sistema republicano chileno que formaliza el inicio del mandato de cada presidente.

Kast, quien ganó la elección presidencial de 2025 con más del 58% de los votos, inicia así un periodo que se extenderá hasta 2030, sucediendo al presidente saliente Gabriel Boric. Su triunfo se produjo en un contexto marcado por preocupaciones ciudadanas relacionadas con la seguridad pública, la inmigración irregular y la situación económica.

La ceremonia de investidura reunió a diversas figuras internacionales y líderes políticos de la región. Entre los asistentes se encontraban jefes de Estado, delegaciones diplomáticas y representantes de distintos sectores políticos, así como la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien acudió al evento como invitada especial.

Machado se refirió al nuevo mandatario chileno y destacó su papel en el escenario político del país. “Kast ha hecho cosas increíbles por la unión de Chile de cara a esta nueva etapa en su historia”, afirmó la dirigente venezolana durante su participación en los actos relacionados con el cambio de mando.

La llegada de Kast al poder ha sido interpretada por analistas como uno de los cambios políticos más significativos en Chile en las últimas décadas, reflejando un giro hacia posiciones más conservadoras en el panorama político nacional y regional.

Con el inicio de su mandato, el nuevo presidente chileno enfrenta el desafío de implementar su programa de gobierno en un contexto político marcado por la polarización y por las expectativas generadas tras su victoria electoral.

En los últimos meses, varios países de América Latina y el Caribe han comenzado a poner fin a los acuerdos que mantenían con Cuba para la presencia de brigadas médicas en sus sistemas de salud, un programa que durante décadas ha representado uno de los principales instrumentos de cooperación internacional de la isla.

Entre los casos más recientes se encuentran Jamaica, Honduras y Guyana, cuyos gobiernos han anunciado decisiones que marcan un cambio en la relación sanitaria con La Habana. Estas medidas se producen en medio de un contexto internacional en el que Estados Unidos ha intensificado las críticas al modelo de exportación de servicios médicos cubanos, al que califica como una forma de explotación laboral.

En Jamaica, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó el final de un acuerdo que durante años permitió la presencia de cientos de profesionales de la salud cubanos en el país. Según el gobierno jamaicano, la decisión se produjo luego de que ambas partes “no pudieron acordar los términos y condiciones de un nuevo arreglo de cooperación técnica”, tras el vencimiento del convenio anterior.

En el caso de Honduras, más de 150 trabajadores de la salud cubanos abandonaron el país luego de que el nuevo gobierno cancelara el convenio que permitía su participación en el sistema sanitario nacional. Las autoridades hondureñas señalaron que la terminación del acuerdo respondió a evaluaciones internas y a cuestionamientos sobre el funcionamiento del programa, aunque también coincidió con una mayor presión diplomática por parte de Estados Unidos.

Guyana también anunció cambios en su relación con las brigadas médicas cubanas. El gobierno local decidió modificar el esquema de pago para que los salarios fueran entregados directamente a los profesionales, en lugar de canalizarse a través del gobierno cubano. Tras esta decisión, La Habana optó por retirar su misión médica, que había operado durante casi cinco décadas en el país sudamericano. El ministro de Salud guyanés, Frank Anthony, confirmó la medida al señalar que las autoridades cubanas “eligieron terminar o retirar a los médicos cubanos que estaban aquí”.

El programa de brigadas médicas cubanas tiene una larga historia. Desde la década de 1960, Cuba ha enviado profesionales de la salud a decenas de países para atender emergencias sanitarias, cubrir déficits de personal médico o apoyar programas sociales en regiones con recursos limitados. Estas misiones han sido consideradas durante años una forma de cooperación internacional, pero también constituyen una fuente importante de ingresos para la economía cubana.

No obstante, el modelo ha sido objeto de controversia. El gobierno de Estados Unidos sostiene que el sistema restringe las libertades de los médicos y que una parte significativa de los pagos realizados por los países receptores es retenida por el Estado cubano. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha llegado a describir el programa como “básicamente tráfico humano”.

Por su parte, el gobierno cubano rechaza estas acusaciones y defiende el carácter solidario de sus misiones médicas, argumentando que han permitido brindar atención sanitaria en comunidades donde el acceso a médicos es limitado. La isla sostiene que estas brigadas han contribuido a mejorar indicadores de salud en numerosas regiones del mundo.

Mientras algunos países optan por cancelar o modificar sus acuerdos con Cuba, otros gobiernos continúan evaluando sus programas de cooperación médica. En varias naciones del Caribe, las autoridades han reconocido que la presencia de profesionales cubanos ha sido fundamental para sostener servicios de salud, especialmente en zonas rurales o con escasez de personal.

El futuro de las brigadas médicas cubanas, consideradas durante décadas uno de los principales símbolos de la diplomacia sanitaria de la isla, dependerá en gran medida de la evolución del contexto político internacional y de las decisiones que adopten los países que aún mantienen acuerdos de cooperación con La Habana.

La administración del presidente Donald Trump anunció el restablecimiento del programa Global Entry, un sistema que permite agilizar el ingreso a Estados Unidos de viajeros internacionales previamente autorizados y considerados de bajo riesgo, luego de que el servicio permaneciera suspendido durante varias semanas en medio del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El programa, que facilita el paso por los controles migratorios mediante quioscos automatizados en aeropuertos y otros puntos de entrada, fue reactivado el 11 de marzo a las 5:00 a. m., hora del este. La suspensión había comenzado el 22 de febrero como consecuencia de la falta de financiación derivada del estancamiento político en el Congreso sobre el presupuesto del DHS.

De acuerdo con autoridades del departamento, la decisión inicial de suspender el servicio respondió a la necesidad de preservar recursos y personal durante el cierre parcial del gobierno. Durante ese periodo, los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza que operaban el programa fueron reasignados para atender a todos los viajeros que ingresaban al país, lo que contribuyó a un incremento en los tiempos de espera en varios aeropuertos.

La interrupción del sistema generó críticas por parte de legisladores y representantes de la industria turística, quienes advirtieron que la suspensión provocó largas filas en los controles migratorios y retrasos en la llegada de pasajeros internacionales. En algunos aeropuertos, los viajeros reportaron demoras de hasta tres horas para completar el proceso de ingreso.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional señaló en un comunicado que “el DHS reactivará Global Entry el 11 de marzo a las 5:00 a. m., hora del este. Estamos trabajando arduamente para aliviar las interrupciones a los viajeros causadas por el cierre impuesto por los demócratas”.

El programa Global Entry es uno de los llamados “Trusted Traveler Programs” del gobierno estadounidense. A través de una membresía pagada y un proceso previo de verificación, los viajeros autorizados pueden utilizar carriles y quioscos especiales que reducen significativamente el tiempo de espera en los controles migratorios.

Datos citados por legisladores indican que más de 18 millones de personas utilizaron Global Entry en 2025, lo que permitió ahorrar más de 300.000 horas de trabajo a los agentes de control fronterizo en distintos puntos de entrada al país.

El cierre parcial del gobierno federal, que comenzó a mediados de febrero, se originó por desacuerdos entre la administración y legisladores demócratas sobre el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional y las políticas migratorias. Mientras el programa vuelve a operar, el conflicto presupuestario continúa afectando a diversas agencias, incluidos miles de trabajadores de seguridad aeroportuaria que siguen laborando sin recibir salario durante el periodo de cierre.

La reapertura del servicio busca reducir las demoras en los aeropuertos y restablecer la normalidad en los procesos de ingreso al país, especialmente en un momento en el que se anticipa un aumento en el flujo de viajeros internacionales.

La senadora colombiana Paloma Valencia presentó recientemente una serie de conclusiones sobre las nuevas negociaciones de paz que el Gobierno adelanta con diferentes grupos armados ilegales en el país, en medio del debate nacional sobre el rumbo de la política de seguridad y el futuro del conflicto interno.

Durante un análisis sobre el tema, la congresista expresó preocupaciones acerca de los efectos que podrían tener estas conversaciones en la estabilidad institucional y en la estrategia de seguridad del Estado. Valencia señaló que uno de los principales riesgos radica en repetir experiencias pasadas sin garantizar resultados duraderos para la población.

Según explicó, las negociaciones con organizaciones armadas deben desarrollarse con condiciones claras que eviten beneficios desproporcionados para quienes han participado en actividades ilegales. En ese sentido, sostuvo que “no puede repetirse la historia de acuerdos que terminan fortaleciendo a los criminales en lugar de debilitar sus estructuras”.

La senadora también enfatizó la necesidad de que cualquier proceso de diálogo esté acompañado de acciones firmes por parte del Estado para garantizar la protección de los ciudadanos y el cumplimiento de la ley. A su juicio, la política pública frente al conflicto armado debe priorizar la seguridad en las regiones afectadas por la presencia de grupos ilegales.

Valencia advirtió además que la legitimidad de las negociaciones depende de que exista transparencia en el proceso y de que las decisiones se tomen considerando a las víctimas del conflicto. En ese contexto, indicó que “la paz debe construirse con justicia y con garantías para las víctimas, no con concesiones que debiliten al Estado”.

El debate se produce en un momento en el que el Gobierno colombiano impulsa una estrategia de diálogo con diversos actores armados como parte de su política para reducir la violencia en varias regiones del país. La iniciativa ha generado posiciones encontradas entre distintos sectores políticos, que discuten tanto su alcance como sus posibles consecuencias para la seguridad nacional.

Mientras continúan las conversaciones y los análisis en el ámbito político, las conclusiones expuestas por la senadora se suman a la discusión pública sobre el modelo de negociación con grupos armados y el papel que debe desempeñar el Estado en la búsqueda de una paz duradera en Colombia.