Ucrania entregó el jueves a Estados Unidos una propuesta de paz revisada de 20 puntos encaminada a poner fin al conflicto con Rusia, en un momento de intensas negociaciones diplomáticas y presión internacional por un acuerdo antes de Navidad.

La propuesta, que se retornó a Washington luego de negociaciones entre funcionarios ucranianos, estadounidenses y aliados europeos, incluye modificaciones sobre asuntos territoriales y sobre la gestión de la central nuclear de Zaporizhzhia, uno de los temas más delicados de las conversaciones.

El presidente Volodímir Zelensky ha subrayado que cualquier concesión de territorio, específicamente en regiones como Donbás, debe contar con la aprobación del pueblo ucraniano mediante un referéndum o comicios, insistiendo en la soberanía nacional como principio no negociable. “Creo que el pueblo de Ucrania responderá a esta pregunta. Ya sea a través de elecciones o de un referéndum, debe haber una posición del pueblo de Ucrania”, afirmó el mandatario, según reportes citados por medios internacionales.

Además de los temas territoriales, el plan revisado aborda cuestiones de seguridad y de reconstrucción nacional que Ucrania considera esenciales para una paz sostenible. La administración estadounidense, presidida por Donald Trump, ha mostrado urgencia por avanzar hacia un acuerdo final y ha buscado implicar a líderes europeos para apoyar la iniciativa.

La entrega de esta propuesta se da en un contexto de tensiones dentro de las propias negociaciones, con diferencias sobre cómo garantizar la seguridad de Ucrania, el estatus territorial y la participación de Rusia en un eventual acuerdo. A pesar de estos retos, el retorno de la propuesta sugiere que las partes continúan explorando vías diplomáticas para poner fin a casi cuatro años de conflicto.

La evolución de estas conversaciones será clave en las próximas semanas, conforme líderes internacionales intensifiquen los esfuerzos para encontrar un marco que pueda detener la guerra sin comprometer la soberanía territorial de Ucrania.

El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido este 10 de diciembre de 2025 en la ciudad de La Paz en el marco de una investigación por presunta corrupción relacionada con su gestión anterior, informaron autoridades y exfuncionarios bolivianos.

Arce, quien concluyó su mandato hace aproximadamente un mes tras entregar el cargo al centrista Rodrigo Paz, fue arrestado por la policía en una operación vinculada a una causa por supuesta malversación de fondos públicos y desvío de recursos destinados a proyectos sociales e indígenas.

La exministra de la Presidencia, María Nela Prada, denunció el arresto como injusto y aseguró ante la prensa: “Esto ha sido un abuso total de poder. Esperamos que este caso no se esté tomando como una oportunidad para llevar a cabo persecución política”. Asimismo, Prada manifestó que Arce no fue notificado ni citado formalmente antes de su detención, lo que generó cuestionamientos sobre la forma en que se ejecutó el procedimiento.

Autoridades vinculadas al gobierno actual han señalado que la detención forma parte de una lucha contra la corrupción y que Arce está siendo investigado por su presunta responsabilidad en actos de desfalco y uso indebido de recursos públicos durante su desempeño en cargos anteriores, incluidos periodos en los que ejerció como ministro de Economía bajo administraciones pasadas.

El arresto se produce en un contexto de intensas indagaciones a exfuncionarios y políticos tras un cambio de administración en Bolivia, con el nuevo gobierno impulsando varias comisiones para examinar posibles irregularidades en la gestión del ahora expresidente.

Por su parte, las autoridades judiciales han indicado que Arce permanecerá bajo custodia mientras avanza el proceso legal y será presentado ante un juez para definir las medidas cautelares correspondientes.

La detención del expresidente Arce ha generado reacciones polarizadas dentro del escenario político boliviano y abre un capítulo de gran impacto en la vida pública del país, donde los procesos judiciales contra altos exfuncionarios han cobrado relevancia en las últimas semanas.

El Congreso Nacional de Honduras anunció el miércoles 10 de diciembre de 2025 que no validará los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el 30 de noviembre, en un contexto de fuerte tensión política y social en el país centroamericano.

La comisión permanente del Legislativo expresó que el proceso electoral estaba “manchado por presiones internas de estructuras del crimen organizado vinculadas al narcotráfico y maras, como MS‑13 y Barrio 18, entre otros, y mucho menos por presiones externas”, y que esto afectó la libertad de los votantes, por lo que no podía ser validado.

Luis Redondo, presidente del Congreso, señaló en conferencia de prensa en Tegucigalpa que la decisión del Legislativo responde a preocupaciones sobre la integridad del proceso y la intervención de factores que, según sus legisladores, han distorsionado el escrutinio de votos.

Este anuncio se produce mientras el escrutinio oficial sigue sin definirse y con retrasos significativos en el conteo de votos que han elevado las tensiones. Con más del 99 % de las papeletas contadas, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, lidera por una estrecha diferencia sobre el aspirante del Partido Liberal, Salvador Nasralla, pero inconsistencias en alrededor del 15 % de las actas han requerido una revisión adicional que podría alterar el resultado final.

Miles de ciudadanos, especialmente seguidores del partido oficialista LIBRE, han salido a las calles de la capital para protestar. Algunos manifestantes han bloqueado vías y exigido la anulación o repetición de los comicios, denunciando irregularidades en el proceso y alegando falta de transparencia en el conteo.

La tensión se ha visto agravada por acusaciones de injerencia internacional, en particular por comentarios y acciones del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien respaldó públicamente a Asfura durante la campaña y tomó decisiones polémicas —como el indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en EE. UU. por narcotráfico—, lo que ha sido criticado por diversos sectores políticos hondureños.

Las protestas y la incertidumbre reflejan un clima de descontento que recuerda a crisis electorales pasadas en Honduras, en las cuales la falta de consenso sobre los resultados ha generado movilizaciones sociales y cuestionamientos sobre la institucionalidad democrática.

Mientras tanto, observadores internacionales han instado a esperar a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) concluya el escrutinio y garantice transparencia, al tiempo que se adelanta un recuento especial de las actas con inconsistencias para resolver posibles cambios en el resultado antes del 30 de diciembre, fecha límite para la certificación oficial.

En este contexto de polarización y desconfianza, el futuro político de Honduras sigue siendo incierto, con amplios sectores sociales, políticos y organismos internacionales atentos a los próximos pasos de las autoridades electorales y del Congreso.

Disney ha anunciado un acuerdo estratégico con OpenAI que incluye una inversión de mil millones de dólares y una licencia de derechos de uso de sus personajes en la plataforma de inteligencia artificial Sora, que permite la generación de videos e imágenes a partir de instrucciones de los usuarios.

El acuerdo de licencia, con una duración inicial de tres años, permitirá a OpenAI integrar más de 200 personajes reconocidos de franquicias como Disney, Pixar, Marvel y Star Wars en su generador de videos Sora y en ChatGPT Images, de modo que los usuarios puedan crear contenido visual y audiovisual con esos personajes y entornos icónicos.

Según el comunicado de la compañía, este pacto es un paso importante para “expandir de manera reflexiva y responsable nuestra capacidad de contar historias gracias a la IA colaborativa, manteniendo al mismo tiempo el respeto a los creadores de contenido y a sus obras”, afirmó el director ejecutivo de Disney, Bob Iger.

El acuerdo establece que los contenidos generados por Sora y ChatGPT Images no incluirán voces ni semejanzas de artistas reales, lo que mantiene claras las limitaciones sobre el uso de imágenes de talento y actores. Además, Disney recibirá warrants que le otorgan la posibilidad de adquirir acciones adicionales de OpenAI en el futuro.

Esta alianza también permitirá que Disney utilice las herramientas de OpenAI, como ChatGPT, internamente y para mejorar sus productos, incluidos servicios asociados a su plataforma de streaming Disney+, donde parte del contenido generado por inteligencia artificial podría ser compartido con los suscriptores a partir de 2026.

La operación no solo representa una inversión económica significativa, sino también un giro en la relación entre la industria del entretenimiento tradicional y las tecnologías generativas de inteligencia artificial, que hasta hace poco generaban inquietudes sobre derechos de autor y uso de contenido protegido.

Con este acuerdo, Disney y OpenAI buscan abrir nuevas formas de participación creativa para los usuarios, integrar la IA de manera responsable en la narrativa digital y consolidar una colaboración que podría redefinir la manera en que se crea y comparte contenido visual en la era de la inteligencia artificial.

El expresidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, fue detenido el 10 de diciembre de 2025 en la ciudad de La Paz en el marco de una investigación por presunta corrupción relacionada con el manejo del Fondo de Desarrollo Indígena. Su aprehensión ocurrió poco más de un mes después de concluir su mandato presidencial, en un contexto político marcado por el relevo de gobierno y el cierre de un ciclo de casi dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo. De acuerdo con la información difundida por autoridades y medios locales, la intervención fue ejecutada por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, quienes trasladaron al exmandatario a instalaciones policiales sin que hubiera sido convocado previamente a declarar. 

La primera versión sobre la detención fue dada a conocer por la exministra de la Presidencia María Nela Prada, quien informó que Arce fue interceptado y conducido en un vehículo con vidrios polarizados hacia dependencias policiales. Señaló que no existía notificación previa para comparecer ante el Ministerio Público y sostuvo que la aprehensión se produjo de manera repentina, lo que generó preocupación entre sus allegados sobre la falta de claridad en el procedimiento judicial. Prada calificó la detención como “arbitraria” y en redes sociales la describió como un “secuestro”, al tiempo que afirmó que Arce había presentado todos los descargos correspondientes cuando fue ministro. 

La causa que originó la detención se centra en presuntas irregularidades en la administración de recursos destinados a proyectos productivos e infraestructura para comunidades indígenas y rurales, a través del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) y su sucesor. Este fondo fue creado para financiar actividades sociales con recursos provenientes de impuestos a los hidrocarburos y donaciones, pero ha estado bajo investigación por posibles desvíos y pagos indebidos a cuentas personales de funcionarios y para proyectos inexistentes. 

Según informes periodísticos, la Fiscalía boliviana y la Policía han estado procesando a varias personas en relación con este caso, incluyendo a la exdiputada Lidia Patty, que fue detenida previamente y cuyo interrogatorio habría implicado a Arce en la autorización de transferencias irregulares durante su etapa como ministro de Economía y Finanzas Públicas bajo el gobierno de Evo Morales. La investigación apunta a que recursos significativos destinados a obras sociales no se ejecutaron o fueron utilizados fuera de su propósito original, lo que podría constituir un daño económico considerable. 

El arresto de Arce ha generado una amplia respuesta en el escenario político boliviano. Sectores cercanos al Movimiento al Socialismo y aliados del expresidente han denunciado que la detención representa una persecución política impulsada por el nuevo gobierno encabezado por Rodrigo Paz Pereira, quien asumió la presidencia el 8 de noviembre después de ganar las elecciones y poner fin a casi 20 años de gobernanza socialista. Sus críticos sostienen que las acciones judiciales contra líderes del MAS son parte de una campaña para debilitar al partido y sus figuras emblemáticas. 

Por su parte, el gobierno actual y autoridades relacionadas con la lucha contra la corrupción han defendido la actuación de la justicia, asegurando que es necesario esclarecer el uso de fondos públicos y garantizar la rendición de cuentas. El vicepresidente Edman Lara, antes de la detención, había declarado en redes sociales que las acciones legales se llevarían a cabo contra quienes hubieran malversado recursos, y celebró la intervención como una muestra del compromiso del nuevo gobierno con la transparencia. 

Hasta el momento, las autoridades judiciales no han divulgado un comunicado oficial detallado con los cargos específicos que se imputarán formalmente a Arce, aunque se espera que en los próximos días se lleven a cabo audiencias de medidas cautelares y se precise la acusación ante un juez. El desarrollo de este caso continúa siendo observado con atención tanto en Bolivia como en la comunidad internacional, debido a sus implicaciones políticas y al impacto que puede tener en la percepción de la lucha contra la corrupción en el país andino. 

María Corina Machado, la líder opositora venezolana galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, hizo una aparición pública en Oslo, Noruega, horas después de que su hija, Ana Corina Sosa, recibiera el prestigioso reconocimiento en su nombre. La llegada de Machado a la capital noruega marca su primera aparición ante el público desde hace casi un año y pone de manifiesto tanto el dramatismo de su viaje como la profunda crisis política en Venezuela que la llevó a vivir durante meses en la clandestinidad. 

La ceremonia de entrega del Nobel de la Paz se celebró en el Ayuntamiento de Oslo el 10 de diciembre de 2025, pero María Corina Machado no pudo estar presente en ese momento. El Instituto Nobel de Noruega había informado previamente que la activista no asistiría a la ceremonia debido a las dificultades y peligros asociados a su salida de Venezuela, donde enfrentaba una orden de detención y un severo régimen de persecución política bajo el gobierno de Nicolás Maduro. En su lugar, fue su hija quien subió al escenario para recibir el galardón y pronunciar el discurso de aceptación. 

Horas más tarde, Machado logró llegar a Oslo tras una travesía considerada de “alto riesgo”, según el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, quien destacó que la líder venezolana había hecho todo lo posible por asistir a los actos, aunque no llegó a tiempo para la ceremonia principal. La llegada de Machado estuvo precedida por una peligrosa salida de Venezuela, en la que aparentemente viajó por mar hasta la isla de Curaçao antes de tomar un vuelo a Europa. Su aparición pública en la capital noruega fue recibida con entusiasmo por un grupo de seguidores que la vitorearon con consignas a favor de la libertad y entonaron el himno nacional venezolano. 

Desde un balcón del Grand Hotel en Oslo, Machado se dirigió brevemente a quienes la aguardaban, expresando su gratitud y reforzando su compromiso con la lucha por una Venezuela libre. Sus declaraciones subrayan que este reconocimiento no es solo un logro personal, sino un tributo al pueblo venezolano y a quienes han sufrido represión y encarcelamiento en su país. Por su parte, Ana Corina Sosa, quien asistió a la ceremonia, afirmó que su madre desea regresar pronto a Venezuela y continuar su lucha por la democracia. 

La ausencia de Machado en la ceremonia principal y su compleja llegada a Oslo reflejan la situación política tensa en Venezuela, donde la activista ha sido perseguida por su firme oposición al régimen de Nicolás Maduro. Desde enero de 2025, cuando fue brevemente detenida tras participar en una protesta en Caracas, Machado había estado escondida para evitar una detención prolongada por parte de las autoridades venezolanas, lo que hizo su participación en los actos del Nobel un acontecimiento altamente simbolizado por sus seguidores. 

Este episodio ha captado la atención internacional, generando un debate sobre la situación de los derechos humanos y la democracia en Venezuela, mientras que la figura de Machado sigue representando un símbolo de resistencia para muchos venezolanos dentro y fuera de su país. Su aparición en Oslo no sólo subraya la relevancia de su lucha, sino también la complejidad y los riesgos que enfrentan los disidentes políticos en contextos de autoritarismo. 

El gobierno de Estados Unidos presentó una propuesta que contempla solicitar a los turistas de decenas de países un historial de cinco años de actividad en redes sociales como requisito para ingresar al territorio estadounidense. La medida, impulsada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento de Seguridad Nacional, aplicaría a viajeros de naciones que utilizan el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje, entre ellos ciudadanos de Chile y España, quienes actualmente pueden permanecer en el país por un periodo máximo de 90 días bajo dicho esquema.

La iniciativa surge en el contexto de un endurecimiento de las políticas fronterizas tras el regreso de Donald Trump a la presidencia en enero de 2025. La administración estadounidense ha sostenido que estas medidas responden a la necesidad de reforzar la seguridad nacional y mejorar los mecanismos de control migratorio. El planteamiento fue registrado en el Registro Federal, el diario oficial del gobierno, lo que formaliza el inicio del proceso para su discusión pública y eventual evaluación regulatoria.

Fuentes oficiales señalaron que, por el momento, no existen cambios inmediatos para los viajeros que ingresan a Estados Unidos y que la propuesta no constituye una norma definitiva. Un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza explicó que se trata del primer paso para abrir un debate sobre alternativas que, según la autoridad, permitirían fortalecer la protección del país ante posibles riesgos. La dependencia indicó que la revisión de perfiles digitales busca evaluar patrones de conducta, verificar identidades y detectar señales de alerta en solicitantes de ingreso.

El proyecto ha generado reacciones entre analistas y especialistas en derechos digitales, quienes advierten que la iniciativa podría convertirse en un obstáculo para los turistas e impactar derechos fundamentales vinculados a la privacidad y la libertad de expresión. También han señalado que, al tratarse de una solicitud amplia y retrospectiva, la medida podría disuadir a visitantes en un momento en que Estados Unidos anticipa una mayor afluencia de viajeros debido a su participación como país sede del Mundial de 2026 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

La propuesta entra ahora en un periodo de comentarios públicos, en el que distintos sectores podrán presentar argumentos a favor o en contra antes de que las autoridades evalúen su implementación. El proceso regulatorio permitirá definir si la medida avanza hacia una aplicación formal o si requiere ajustes adicionales en función de consideraciones técnicas, legales y de seguridad.