Arabia Saudita enfrenta nuevos señalamientos internacionales por el uso de la pena de muerte, luego de que Amnistía Internacional denunciara que las autoridades del país han ejecutado a 96 personas entre el 1 de enero y el 22 de junio de 2026. De ese total, 61 fueron condenadas por delitos relacionados con drogas, una cifra que ha encendido las alertas de organizaciones defensoras de derechos humanos por el ritmo con el que se están aplicando las ejecuciones en el reino.
La organización advirtió que, dentro de los casos vinculados con drogas, 39 personas ejecutadas eran extranjeras y 22 eran de nacionalidad saudí. Entre los extranjeros se encuentran ciudadanos de Etiopía, Pakistán, Sudán, Jordania, Siria y otros países, lo que refuerza la preocupación por el impacto desproporcionado de estas condenas sobre personas migrantes o en situación de vulnerabilidad.
Dana Ahmed, investigadora de Amnistía Internacional sobre Oriente Medio, afirmó que “Arabia Saudí ya ha ejecutado a casi 100 personas”, al advertir que el país mantiene una política punitiva considerada contraria a las normas internacionales de derechos humanos. La organización sostiene que los delitos de drogas no deben ser castigados con la pena capital, debido a que no entran en la categoría de los crímenes más graves bajo los estándares internacionales.
La preocupación también se concentra en los casos pendientes. Amnistía Internacional señaló que al menos 63 ciudadanos etíopes permanecen recluidos en una misma celda del centro de detención de Jamis Mushait, en el suroeste de Arabia Saudita, y corren peligro inminente de ejecución por delitos relacionados con drogas. El temor aumentó después de que siete etíopes fueran ejecutados este año por cargos de contrabando de hachís.
El panorama forma parte de una tendencia más amplia. Amnistía Internacional documentó al menos 356 ejecuciones en Arabia Saudita durante 2025, una cifra que duplicó las 122 registradas en 2024. Además, entre enero de 2014 y junio de 2026, las autoridades saudíes ejecutaron a 2 mil 84 personas, de acuerdo con los datos de la organización.
Aunque Arabia Saudita ha buscado proyectar una imagen de modernización ante la comunidad internacional, las cifras sobre pena de muerte mantienen al país entre los principales ejecutores del mundo. Para Amnistía Internacional, el aumento de casos refleja una política estatal que prioriza el castigo extremo sobre respuestas basadas en derechos humanos, especialmente en delitos relacionados con drogas.
La organización reiteró su rechazo absoluto a la pena de muerte en todos los casos y pidió a Arabia Saudita suspender de inmediato su aplicación como primer paso hacia su abolición. Mientras tanto, las ejecuciones registradas en lo que va del año mantienen abierta una fuerte controversia internacional sobre el sistema judicial saudí y el trato que reciben las personas condenadas, en especial aquellas de nacionalidad extranjera.
