Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones contra Cuba al incluir en su lista restrictiva a cinco entidades estatales y a Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente Raúl Castro. La medida forma parte del endurecimiento de la política de Washington hacia el gobierno cubano y busca limitar las fuentes de financiamiento de estructuras vinculadas al aparato estatal y militar de la isla.
Las entidades sancionadas son Almacenes Universales, RAFIN, el Banco Financiero Internacional, GeoMinera y la Empresa Siderúrgica José Martí, conocida también como Antillana de Acero. De acuerdo con la información difundida, tres de estas compañías están relacionadas con el conglomerado militar empresarial Gaesa, mientras que las otras dos pertenecen a sectores estratégicos como la minería y la metalurgia.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló que RAFIN y el Banco Financiero Internacional son instituciones financieras vinculadas con Gaesa y acusó a ese conglomerado de operar como soporte económico del régimen cubano. En su comunicado, Rubio afirmó: “GAESA sigue funcionando como el músculo financiero detrás del aparato represivo de seguridad del régimen cubano”.
La sanción contra Annalie Lilliam Rueda Cardero amplía el alcance de las medidas hacia el entorno familiar de los Castro. Su esposo, Alejandro Castro Espín, ya había sido incluido previamente en la lista de sancionados por Washington. Castro Espín, además de ser hijo de Raúl Castro, fue una figura relevante en las negociaciones secretas que llevaron al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos en 2015.
Con esta decisión, las personas y empresas sancionadas quedan impedidas de mantener relaciones económicas con ciudadanos o entidades estadounidenses. Además, cualquier propiedad o activo que tengan bajo jurisdicción de Estados Unidos queda bloqueado y debe ser reportado a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
Las nuevas medidas llegan en un contexto de creciente presión de la administración estadounidense sobre Cuba, país que atraviesa una de sus peores crisis económicas en décadas, marcada por problemas energéticos, dificultades financieras y una reducción en sectores clave como el turismo. Washington ha incrementado en las últimas semanas las sanciones contra empresas estatales y figuras vinculadas al gobierno de Miguel Díaz-Canel y a la familia Castro.
El Departamento de Estado sostuvo que estas acciones buscan reforzar los esfuerzos de la administración de Donald Trump para frenar actividades atribuidas al gobierno cubano en la isla y en la región. Mientras tanto, las sanciones representan un nuevo golpe contra Gaesa, considerado por Estados Unidos como uno de los principales pilares económicos del Estado cubano.
