El Congreso del Estado de Yucatán concluyó formalmente el proceso legislativo relacionado con la despenalización del aborto, luego de aprobar por unanimidad una reforma al artículo primero de la Constitución local. Con esta modificación, fue retirada la referencia que establecía la protección de la vida “desde la fecundación”, disposición que debía ser armonizada con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La votación se realizó durante una sesión extraordinaria del Pleno, en la que diputadas y diputados de todas las fuerzas políticas avalaron el cambio constitucional. La decisión respondió al cumplimiento de una resolución judicial que ordenaba al Poder Legislativo ajustar el marco normativo estatal conforme a los criterios establecidos por el máximo tribunal del país en materia de derechos humanos, sexuales y reproductivos.
Con esta reforma, la Constitución de Yucatán deja de incluir una disposición que había sido considerada incompatible con los derechos de las mujeres y personas gestantes. El cambio representa el cierre de un proceso legislativo que se extendió por más de un año y que tuvo como antecedente la reforma al Código Penal aprobada en abril de 2025, cuando se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
Aunque en 2025 se modificó la legislación penal, el texto constitucional permaneció sin cambios, lo que derivó en el incumplimiento de la orden judicial de armonización. Por ello, pese a la aprobación de la reforma, las y los 35 integrantes de la Legislatura deberán pagar una multa individual de 26 mil 981 pesos, sanción derivada del desacato por no haber cumplido en tiempo y forma con la resolución correspondiente.
El monto global de la sanción supera el millón de pesos y será aplicado de manera individual a cada legislador, sin importar el sentido de su voto durante la sesión. Legisladoras señalaron previamente que la multa ya había sido notificada y que el descuento se realizará directamente a sus percepciones.
Tras la aprobación, colectivas feministas y organizaciones que promovieron los recursos legales celebraron la reforma, al considerarla el cierre de una deuda histórica y un paso para eliminar normas que, desde su perspectiva, contribuían a la criminalización y estigmatización de quienes deciden interrumpir un embarazo. Aunque la votación final no registró sufragios en contra, el proceso estuvo marcado por desacuerdos políticos previos, especialmente durante la discusión de las modificaciones al Código Penal.
Con esta decisión, Yucatán se alinea con los criterios de la Suprema Corte, que ha sostenido que las disposiciones constitucionales sobre la protección de la vida desde la fecundación no pueden utilizarse para restringir derechos reproductivos ni para criminalizar el aborto. La reforma constitucional representa así la culminación de una etapa de armonización jurídica exigida por la autoridad federal y coloca al estado en una nueva fase de debate sobre el acceso efectivo a los servicios de salud reproductiva.
