A 15 años de la masacre del Casino Royale, familiares denuncian que la impunidad persiste
Quince años después del ataque al Casino Royale de Monterrey, uno de los episodios de violencia criminal que más conmocionaron a México, los familiares de las 52 personas que perdieron la vida mantienen su exigencia de justicia y denuncian que gran parte de los procesos judiciales relacionados con el caso continúan sin una resolución definitiva.
El 25 de agosto de 2011, un comando armado presuntamente vinculado con Los Zetas ingresó al establecimiento ubicado sobre la avenida San Jerónimo, en Monterrey, Nuevo León. Los atacantes rociaron gasolina en el interior y provocaron un incendio mientras había numerosas personas dentro del inmueble.
El saldo fue de 52 personas fallecidas, entre ellas dos mujeres embarazadas. De acuerdo con las investigaciones de la época, el ataque habría estado relacionado con el presunto rechazo del propietario del casino a pagar extorsiones al grupo criminal.
Al cumplirse 15 años de la tragedia, familiares de las víctimas se reunieron nuevamente en el memorial instalado en el sitio para recordar a quienes murieron. Durante la ceremonia se realizó una oración, un pase de lista y se colocaron ofrendas florales.
Samara Pérez Muñiz, vocera de los familiares y madre de una de las víctimas, señaló que la falta de resoluciones judiciales mantiene abierta una deuda con las familias. “Ya han pasado 15 años de esta tragedia, no lo olvidemos”, expresó durante la conmemoración.
Según la información presentada por los familiares, la causa penal y sus 14 causas acumuladas derivaron en investigaciones contra 25 personas. Sin embargo, hasta ahora solamente existe una sentencia firme correspondiente a la causa principal y otra relacionada con una de las causas acumuladas.
La situación procesal de los involucrados continúa siendo compleja. Cuatro permanecen en etapa de instrucción, seis enfrentan reposiciones de procedimiento y 11 cuentan con sentencias que han sido apeladas. Otros dos procedimientos concluyeron debido al fallecimiento de las personas investigadas.
Los familiares también han advertido diferencias entre la información proporcionada por distintas instituciones. Mientras el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León ha manejado una cifra de 25 personas indiciadas, la Fiscalía estatal ha señalado 18 dentro del proceso principal, una disparidad que, para las familias, refleja la falta de información clara y coordinada sobre el avance del caso.
A la exigencia de justicia se suma un nuevo frente relacionado con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Pérez Muñiz informó que los familiares promovieron un amparo ante la intención del organismo de dar por concluida la recomendación emitida a raíz de la tragedia, pese a que todavía existen procedimientos penales abiertos.
Los deudos sostienen que permanecen pendientes obligaciones relacionadas con el derecho a la verdad, la justicia, la reparación del daño y la preservación de la memoria de las víctimas. El asunto se encuentra judicializado y llegó a una etapa de revisión ante un Tribunal Colegiado.
En paralelo a la conmemoración, Pérez Muñiz acudió al Congreso de Nuevo León para presentar una iniciativa de Ley para la Gestión Institucional y Garantía de Derechos en Macroprocesos Judiciales.
La propuesta busca establecer mecanismos especiales para casos judiciales de gran complejidad, en los que participan numerosas víctimas, personas procesadas, expedientes, recursos y amparos. El objetivo es mejorar la coordinación entre instituciones, dar seguimiento a los procedimientos y evitar que se prolonguen durante años sin que las partes involucradas tengan certeza sobre su situación.
La iniciativa surge precisamente de la experiencia acumulada durante los 15 años transcurridos desde el atentado al Casino Royale, en los que las familias han enfrentado procesos judiciales prolongados, información contradictoria y resoluciones que continúan sin quedar firmes.
El ataque ocurrió durante uno de los periodos más violentos de la llamada guerra contra el narcotráfico, durante el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, y se convirtió en uno de los símbolos de la violencia vinculada con el crimen organizado en Nuevo León.
Quince años después, el memorial levantado en Monterrey continúa recordando los nombres de quienes murieron aquel 25 de agosto de 2011. Para sus familias, sin embargo, la conmemoración no representa únicamente un ejercicio de memoria: también mantiene vigente la exigencia de que los responsables enfrenten plenamente a la justicia y que uno de los capítulos más dolorosos de la historia reciente de Nuevo León no quede sin resolver.