Alta carga fiscal mantiene en la informalidad a seis de cada 10 emprendimientos

La elevada carga tributaria y los costos asociados al cumplimiento de las obligaciones fiscales continúan siendo algunos de los principales obstáculos para la formalización de los emprendimientos en México. Se estima que cerca del 60 por ciento de estos negocios opera fuera del sector formal, una condición que limita sus posibilidades de crecimiento y reduce su acceso a distintas oportunidades económicas.

Aunque permanecer en la informalidad permite a algunos pequeños negocios evitar temporalmente el pago de impuestos y los gastos administrativos, esta condición también les impide acceder a créditos bancarios, programas gubernamentales, capacitación especializada y contratos con empresas de mayor tamaño. En consecuencia, numerosos proyectos permanecen en una escala reducida y enfrentan mayores dificultades para consolidarse.

La situación afecta principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales representan más del 95 por ciento de los establecimientos del país y generan aproximadamente el 70 por ciento del empleo. Pese a su importancia para la economía nacional, estos negocios enfrentan costos de cumplimiento fiscal proporcionalmente más elevados que las grandes compañías.

De acuerdo con el diagnóstico presentado en una iniciativa para reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta, el costo de pagar impuestos y contratar servicios contables representa para una microempresa una carga relativa hasta tres veces mayor que para una gran corporación. Esta diferencia provoca que muchos emprendedores consideren más viable operar fuera del sistema tributario, especialmente durante los primeros años de actividad.

Ante este panorama, legisladores plantearon la creación del Régimen Especial de Nuevos Emprendimientos y de Impulso a la Formalización, con el que se busca establecer condiciones fiscales progresivas durante los primeros cinco años de funcionamiento de un negocio.

“No es razonable exigirle a un negocio que apenas nace que tribute como una empresa madura”, señala la exposición de motivos de la propuesta, la cual plantea un periodo de “graduación fiscal” para que los emprendedores puedan consolidar sus proyectos antes de asumir la totalidad de la carga tributaria.

Para las personas físicas, la propuesta contempla que durante los primeros dos años se pague únicamente el 50 por ciento de la tasa correspondiente al Régimen Simplificado de Confianza. Del tercer al quinto año, la contribución aumentaría al 75 por ciento, antes de alcanzar la tasa completa.

En el caso de las personas morales, se propone sustituir temporalmente la tasa fija del 30 por ciento del Impuesto sobre la Renta por un esquema progresivo que comenzaría en 15 por ciento y aumentaría paulatinamente. El objetivo sería permitir que las empresas jóvenes conserven mayor liquidez y reinviertan sus ganancias durante la etapa más vulnerable de su desarrollo.

La iniciativa también considera estímulos para la inversión productiva, como la posibilidad de acreditar entre el 25 y el 30 por ciento del dinero destinado a maquinaria, tecnología y capacitación. Asimismo, contempla diferir el pago de impuestos sobre las utilidades que permanezcan dentro de la empresa y sean utilizadas para fortalecer sus operaciones.

El diagnóstico también muestra una falta de conocimiento sobre los apoyos disponibles. Alrededor del 71 por ciento de las personas emprendedoras desconoce los programas públicos de apoyo empresarial, mientras que el 79 por ciento no ha recibido respaldo de instituciones públicas o privadas. Además, alcanzar la rentabilidad toma, en promedio, aproximadamente 2.4 años.

Especialistas y representantes empresariales han señalado que la formalización no debe limitarse a incrementar la vigilancia o las sanciones contra quienes no pagan impuestos. También se requiere simplificar los trámites, reducir los costos administrativos y ofrecer beneficios que hagan atractivo ingresar al sistema fiscal.

Reducir la informalidad permitiría ampliar la recaudación, fortalecer la seguridad social y mejorar las condiciones laborales. Sin embargo, para lograrlo será necesario construir un sistema que reconozca las diferencias entre una empresa consolidada y un pequeño negocio que apenas comienza, evitando que el pago de impuestos se convierta en una barrera para su supervivencia.