Amparo puede cancelar corridas de toros en Yucatán, advierte presidente del Colegio de Abogados

El presidente del Colegio de Abogados de Yucatán, Jorge Rivero Evia, afirmó que un juicio de amparo sí puede cancelar por completo una corrida de toros en el estado, y que esa posibilidad ya se ha materializado en otras entidades del país. La declaración se produce en el contexto del conflicto legal entre taurinos y antitaurinos desatado tras el amparo interpuesto contra la tauromaquia en el municipio de Seyé.

La advertencia de Rivero Evia tiene consecuencias directas para la organización de festejos taurinos en Yucatán: cualquier juez de distrito tiene facultad para suspender una corrida, y el asunto podría escalar hasta el tribunal en última instancia. El argumento central es el artículo cuarto constitucional, que prohíbe el maltrato animal sin establecer excepciones por tradición o costumbre.

El abogado señaló que las legislaciones estatales no han regulado debidamente la materia y que existen «paradojas y lagunas» en el marco normativo. Puso como ejemplo que el Código Penal federal sanciona desde hace décadas a quienes organicen o lucren con peleas de perros, mientras que la fiesta brava —donde un ser humano enfrenta a un animal— carece de una regulación equivalente. Precisó que dentro del concepto de maltrato animal establecido por la Constitución cabe el uso de picas, banderillas y espadas propias de las corridas.

Rivero Evia calificó de insuficiente la suspensión que solo prohíbe el uso de herramientas de castigo pero permite celebrar el evento. «Maltrata al animal pero no lo mates es prácticamente lo mismo», sostuvo, y recordó que el propio nombre de los ejecutantes —matadores— refleja la finalidad del espectáculo. Sobre el peso legal de los usos y costumbres frente a las normas de protección animal, fue contundente: «Decaen totalmente. La Constitución está por encima de cualquier uso y costumbre».

El dirigente reconoció la historia, el componente artístico y la economía que giran alrededor de la tauromaquia, así como la crianza especializada del toro de lidia, cuya especie podría considerarse en riesgo. No obstante, advirtió que el desarrollo del llamado derecho animal —rama que ya llevó a un juez en Tabasco a ordenar el pago de pensión alimenticia en favor de una mascota— marca una tendencia irreversible. El siguiente paso en Yucatán, precisó, es que algún tribunal en última instancia resuelva de fondo la constitucionalidad de las corridas, un fallo que podría sentar precedente vinculante para todo el estado.