ASF detecta irregularidades por más de 39 millones de pesos en el Gobierno de Campeche
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 39 millones 104 mil 37 pesos en el manejo de recursos federales ejercidos por el Gobierno de Campeche durante 2025. Las observaciones incluyen gastos sin documentación justificativa, contratación de servicios cuya prestación no fue acreditada y adquisiciones de bienes cuya entrega no pudo comprobarse.
Los hallazgos forman parte de la segunda entrega de los Informes Individuales de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2025, en los que el organismo federal examinó la administración de recursos públicos transferidos al estado para financiar programas y servicios esenciales.
De acuerdo con los resultados difundidos, las principales irregularidades se concentran en fondos relacionados con educación y salud, sectores que representan una parte fundamental del gasto público estatal.
El mayor monto observado corresponde al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), donde la ASF identificó 18 millones 767 mil 93 pesos cuyo ejercicio no contaba con la documentación necesaria para justificar y comprobar el destino de los recursos.
Por su parte, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) presentó observaciones por 16 millones 721 mil 609 pesos, derivadas de pagos por servicios contratados cuya realización no pudo ser acreditada ante las autoridades fiscalizadoras.
Esta situación impidió verificar que los servicios pagados con recursos federales efectivamente se hubieran proporcionado, lo que generó cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión y control del gasto.
En materia de salud, la auditoría identificó otros 3 millones 615 mil 333 pesos relacionados con la adquisición de uniformes para el personal. Sin embargo, la administración estatal no presentó evidencia suficiente para demostrar que dichos artículos fueron entregados a sus destinatarios.
Las revisiones también alcanzaron al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, donde se encontraron diferencias entre las cantidades reportadas oficialmente y los montos efectivamente pagados. Para este concepto no se especificó una cantidad adicional de probable daño patrimonial.
Además de las observaciones financieras, los informes revelaron que el Gobierno de Campeche reintegró a la Federación un total de 24 millones 691 mil 566 pesos como resultado de las revisiones realizadas a los diferentes fondos.
La mayor parte de estas devoluciones correspondió al sector salud, con 21 millones 442 mil 42 pesos. En segundo lugar se ubicó el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, con 2 millones 392 mil 211 pesos, seguido del FONE, con 572 mil 319 pesos, y del FAM, con 284 mil 993 pesos.
Aunque los reintegros representan recursos devueltos a las arcas federales, estos no eliminan automáticamente las observaciones pendientes ni equivalen a la aclaración del probable daño patrimonial identificado por la ASF.
Es importante señalar que los montos observados constituyen presuntas irregularidades detectadas durante el proceso de fiscalización y no representan, por sí mismos, una determinación definitiva de desvío de recursos o responsabilidad penal. Las autoridades correspondientes deberán presentar los elementos necesarios para aclarar las observaciones conforme a los procedimientos legales aplicables.
Los resultados de la revisión colocan nuevamente bajo escrutinio la administración de los recursos públicos en Campeche, particularmente aquellos destinados a servicios fundamentales para la población.
La falta de comprobantes, las inconsistencias en los pagos y la ausencia de evidencias sobre la entrega de bienes ponen de manifiesto la importancia de fortalecer los mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas en el ejercicio del presupuesto estatal.
El seguimiento de las observaciones será determinante para establecer si los recursos señalados fueron utilizados conforme a la normativa o si existen responsabilidades administrativas y posibles afectaciones definitivas al patrimonio público.