Investigan despojo de más de 34 mil hectáreas en reserva natural de Campeche
La Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) acelerará las investigaciones relacionadas con el presunto despojo de 34 mil 244 hectáreas de la ampliación forestal Chuunkopó, ubicada dentro de la Reserva de la Biosfera de Balam-Kú, entre los municipios de Escárcega y Candelaria. La decisión se produce después de que ejidatarios de Hecelchakán denunciaran la ocupación de sus terrenos y exigieran la intervención de las autoridades para recuperar su patrimonio.
El subsecretario de Gobierno de la Zona Norte, Héctor Mena Trejo, confirmó que existe una carpeta de investigación abierta por el delito de despojo y aseguró que las autoridades estatales darán seguimiento al procedimiento legal para garantizar certeza jurídica a los propietarios de las tierras.
La controversia cobró mayor relevancia después de que cientos de ejidatarios acudieran al Palacio de Gobierno de Campeche para manifestar su inconformidad ante la falta de una solución. Los campesinos denunciaron que sus terrenos permanecen ocupados y expresaron su preocupación por las posibles consecuencias económicas, sociales y ambientales de la situación.
Durante la movilización, los inconformes solicitaron la intervención directa del Gobierno estatal para recuperar la posesión de sus tierras. También advirtieron sobre el riesgo de que el conflicto escale si no reciben una respuesta oportuna de las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley.
Mena Trejo informó que el secretario de Gobierno, Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, sostuvo un encuentro con los representantes de los ejidatarios, durante el cual escuchó sus demandas y reiteró el respaldo de la administración estatal.
Como resultado de la reunión, se elaboró una minuta para documentar los planteamientos de los afectados y establecer el seguimiento institucional del caso. Sin embargo, las autoridades explicaron que cualquier medida relacionada con la recuperación de los terrenos deberá desarrollarse conforme a los procedimientos legales correspondientes.
Aunque el Gobierno de Campeche manifestó su intención de proteger los derechos de los propietarios legítimos, hasta el momento no se han establecido fechas ni se han anunciado acciones concretas para ejecutar un eventual operativo de desalojo. Las autoridades señalaron que primero será necesario avanzar en las investigaciones ministeriales y determinar las responsabilidades correspondientes.
Además del conflicto por la posesión de las tierras, los ejidatarios denunciaron presuntas actividades de deforestación y afectaciones a los ecosistemas de la Reserva de la Biosfera de Balam-Kú, una zona de importancia ambiental para el estado debido a su riqueza forestal y biodiversidad.
Ante estos señalamientos, Mena Trejo explicó que la investigación de posibles daños ambientales corresponde principalmente a dependencias federales, entre ellas la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Estas instituciones deberán evaluar las denuncias, determinar si existen afectaciones al entorno natural y, en su caso, identificar a los responsables de posibles infracciones ambientales.
El funcionario aseguró que existe coordinación entre las distintas instancias gubernamentales para atender la controversia, siguiendo instrucciones del Ejecutivo estatal. Asimismo, reiteró que se mantendrá el acompañamiento a los ejidatarios durante el desarrollo de las investigaciones.
El conflicto en Balam-Kú representa un desafío tanto para la protección de los derechos agrarios como para la conservación de las áreas naturales de Campeche. Mientras las autoridades avanzan en las indagatorias, los campesinos continúan a la espera de una resolución que les permita recuperar sus terrenos y obtener garantías sobre la propiedad de las más de 34 mil hectáreas en disputa.
Por ahora, el caso permanece abierto y sin una fecha definida para su resolución, en medio de las exigencias de los afectados para que las autoridades traduzcan los compromisos institucionales en medidas concretas.