ASF pone bajo la lupa 25 años de contratos del INE y organismos electorales
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció que ampliará sus investigaciones sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos de las autoridades electorales del país, mediante una revisión de las contrataciones realizadas entre 2000 y 2025 por el Instituto Nacional Electoral (INE), el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
La decisión, anunciada este miércoles 4 de noviembre, ocurre en medio de los señalamientos relacionados con la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, quien recientemente dejó la presidencia del INE. Sin embargo, el organismo fiscalizador aclaró que las investigaciones no se limitarán a su administración, sino que abarcarán operaciones efectuadas durante los últimos 25 años.
A través de un comunicado, la ASF informó que actualmente desarrolla tres líneas de trabajo destinadas a esclarecer posibles irregularidades en las contrataciones públicas y determinar si existieron prácticas que comprometieran el uso adecuado de los recursos destinados a las instituciones electorales.
La primera consiste en investigaciones de oficio sobre posibles anomalías en los procedimientos de contratación del INE, del antiguo IFE y de los organismos electorales estatales. Estas indagatorias buscan identificar operaciones que pudieran involucrar conflictos de interés, acuerdos indebidos entre proveedores o mecanismos irregulares de adjudicación.
La segunda contempla un estudio histórico de las adquisiciones efectuadas entre 2000 y 2025, con el propósito de identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales relacionadas con grupos empresariales y servidores públicos.
Por último, la tercera línea establece una auditoría integral al INE y una revisión de la totalidad del gasto federalizado ejercido por los organismos electorales locales, con la finalidad de analizar el destino y la administración de los recursos públicos.
De acuerdo con la ASF, estas medidas responden a los resultados de trabajos de inteligencia y al análisis de información solicitada a las entidades federativas, mediante los cuales se identificaron indicios de múltiples irregularidades históricas relacionadas con el gasto público electoral.
La ampliación de las investigaciones también ocurre después de que el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, diera a conocer operaciones por aproximadamente 8 mil 870 millones de pesos realizadas por dos grupos empresariales con distintas instituciones públicas entre 2014 y 2026.
De ese monto, alrededor de 3 mil 790 millones de pesos correspondieron a contrataciones con organismos electorales locales, mientras que aproximadamente 430 millones estuvieron relacionados con el INE.
Entre las posibles irregularidades señaladas se encuentran la simulación de competencia en licitaciones, la subcontratación entre empresas vinculadas y la utilización de compañías que presuntamente carecían de la estructura necesaria para justificar los montos facturados.
Ante estos señalamientos, el INE manifestó previamente su disposición a colaborar con las investigaciones y proporcionar la documentación necesaria para esclarecer los procedimientos de contratación cuestionados. Asimismo, destacó la importancia de que cualquier revisión se realice respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
Por su parte, Guadalupe Taddei había rechazado anteriormente la existencia de proveedores privilegiados dentro del organismo electoral y expresado su intención de solicitar nuevas revisiones de los procesos de licitación.
La ASF aseguró que las investigaciones se desarrollan dentro de sus atribuciones legales, bajo criterios de independencia y rigor técnico. Hasta el momento, no se ha establecido una fecha para la presentación de los resultados de la revisión histórica.
Aunque los hallazgos preliminares han generado cuestionamientos sobre la administración de los recursos electorales, las posibles irregularidades todavía deben ser esclarecidas y no constituyen, por sí mismas, pruebas definitivas de responsabilidad administrativa o penal.
Con esta revisión, la Auditoría Superior de la Federación busca determinar si las anomalías detectadas corresponden a hechos aislados o forman parte de prácticas recurrentes que pudieron mantenerse durante distintas administraciones de las instituciones encargadas de organizar las elecciones en México.